El presidente Evo Morales defendió durante el aniversario de la fuerza antidroga la extensión de cultivos de hoja de coca establecida en la Ley General de la Coca y acusó a quienes la cuestionan de ser “enemigos” de las instancias como la Policía y las Fuerzas Armadas responsables de la reducción y control de los cultivos excedentarios e ilegales.
“No se puede entender cómo algunas personas pueden ser enemigos de nuestras instituciones, y viendo los resultados”, afirmó en el acto central por el aniversario de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) en Santa Cruz. En la oportunidad señaló que en la época de la dictadura y gobierno neoliberales los cultivos pasaban de 40 mil ha.
La Ley General de la Coca estableció fijó un límite máximo de hasta 22.000 hectáreas, 8.000 más de las que legalizaba parte de la ley 1008, anulado con la vigencia de la nueva norma. En La Paz reconoce una superficie total de hasta 14.300 hectáreas, mientras que en Cochabamba una superficie total de hasta 7.700 hectáreas.
El 19 de julio la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) presentó el informe anual sobre cultivos de coca en Bolivia. Tras cinco años de decrecimiento, en 2016 cambió la tendencia y la cantidad de cultivos subió a 23.100 hectáreas (ha), lo que representa un alza neta de 2.900 ha (14%) respecto a 2015.
Morales afirmó que en los 20 años de la época neoliberal los cultivos de coca se extendían por cerca de 40 mil hectáreas, por lo que destacó el modelo de la lucha contra el narcotráfico basado en la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico y en la alianza con las comunidades para la reducción de los cultivos de coca.
“Nuestro modelo de lucha contra el narcotráfico tiene muchas repercusiones, consideraciones y reconocimientos a nivel mundial desde Viena (sede de las instancias internacionales de lucha contra las drogas) hasta Washington; nadie cuestionan nuestros informes, más bien se impone como un modelo”, insistió en el acto.
En las últimas semanas, productores de coca reclaman un cupo de 700 hectáreas del cultivo de las 7.700 asignadas al Chapare. El Gobierno descartó atender el pedido porque implicaría permitir las plantaciones en el parque Carrasco.
