Alrededor de un tercio de las más de 16.000 personas recluidas en cárceles de Bolivia tiene sentencia en firme y el resto son detenidos preventivos, según información difundida hoy por el Ministerio de Justicia.
La información fue presentada por el abogado Jorge Omar Mostajo, quien es parte de la Comisión Codificadora de Leyes del Ministerio de Justicia, encargada de elaborar las propuestas de los nuevos códigos civil, comercial, administrativo, laboral y penal.
En una sesión de esa comisión presidida por el ministro de Justicia, Héctor Arce, el jurista indicó que hasta marzo de este año en las cárceles bolivianas había 16.613 reclusos, de los que tan solo 5.028 tienen condena y 11.585 están con detención preventiva, lo que consideró preocupante.
Con esos datos en cuenta, Mostajo planteó una nueva propuesta de un código que regule la ejecución de la pena, otorgue medidas de seguridad y permita un mejor control de la detención preventiva en el ámbito judicial, según un comunicado del Ministerio de Justicia.
Consideró que es fundamental dotar al sistema de ejecución penal de un medio de autoevaluación permanente, así como contar con datos precisos para la construcción de una adecuada política criminal.
La Comisión Codificadora de Leyes se reunió para analizar los alcances del anteproyecto del nuevo Código de Ejecución Penal para la construcción de una adecuada política criminal que se enmarque en la Constitución vigente en el país desde 2009.
El ministro Arce destacó la propuesta de Ejecución Penal y recomendó que las normas que se elaboren se ajusten a la actualidad y la realidad del país.
En mayo pasado, el Subcomité de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, que visitó 23 recintos de reclusión en Bolivia, urgió al Gobierno boliviano a tener un órgano plenamente independiente para el control de esos centros.
La delegación también estableció que la detención preventiva «aún representa el 70 % de la población carcelaria y tiene un impacto directo en el hacinamiento».
La detención preventiva en Bolivia es uno de los problemas crónicos de las penitenciarias del país andino y es el producto de la lentitud de la Justicia, según han expresado varias veces las autoridades. (24/07/2017)
