Hasta junio de este año al menos 1.300 mujeres estaban privadas de libertad, constituyendo el 7,9% del total de reclusos del país, según Régimen Penitenciario. Esta cifra es mayor al promedio latinoamericano, lo que significa que en Bolivia hay más mujeres en cárceles que en otros países de la región. Por ello, Naciones Unidas exhortó al Estado a poner mayor atención a este grupo poblacional.
“El Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia insta al Estado Plurinacional de Bolivia a implementar políticas con enfoque de género en beneficio de las personas privadas de libertad, que consideren las necesidades, requerimientos y circunstancias específicas de las mujeres privadas de libertad, garantizando de esta manera el cumplimiento de sus derechos humanos y de las Reglas de Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok)”, señala un comunicado del organismo internacional.
Naciones Unidas recomendó introducir un sistema más balanceado de penas que tome en cuenta la gravedad del delito en línea con el principio de proporcionalidad; promover medidas sustitutivas a la detención preventiva mediante una apreciación objetiva de los riesgos procesales; promover que los operadores judiciales hagan uso de su poder de discrecionalidad para mitigar las medidas privativas de libertad en función a criterios de género; así como mejorar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad y fortalecer los programas dirigidos a esta población.
El pedido surge en el marco de la campaña “ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres”, promovido por el organismo, el cual alerta que las internas sufren diversas formas de maltrato, incluyendo la violencia institucional, psicológica y simbólica.
“Es importante señalar que en Bolivia el 70% de las mujeres privadas de libertad está a la espera de un juicio y no cuenta con sentencia judicial. Cuando la mujer procesada es pobre y no puede certificar trabajo formal, vivienda propia y/o respaldo económico para el pago de una fianza, la autoridad judicial tiende a considerar que ella podría darse a la fuga para evadir la justicia, razón por la cual se dicta la detención preventiva”, añade el documento.
Agrega que en muchos casos, el arraigo de las mujeres procesadas podría ser demostrado recurriendo a otros criterios más coherentes con la realidad social del país. “El uso desproporcionado e injustificado de la detención preventiva constituye una violencia institucional, que tiene consecuencias dramáticas para las mujeres de bajos ingresos y para su entorno familiar”.
En el país, las mujeres están privadas de libertad principalmente por delitos menores, no violentos y de baja relevancia social, como microtráfico de drogas, robos y hurtos. La mayoría de ellas no representan un peligro significativo para la sociedad y podrían cumplir su sentencia en libertad.
“En muchos países, ellas no gozan de un acceso a la Justicia en igualdad de condiciones con los varones, debido principalmente a barreras culturales, de idioma y de recursos. Las necesidades específicas de las mujeres no son adecuadamente atendidas en muchas cárceles del mundo, sea en materia de asistencia jurídica, apoyo psicológico, salud mental, salud sexual, educación y trabajo”, indica el comunicado.
No obstante, el organismo destaca algunas respuestas por parte del Gobierno. Entre ellas que de 2012 a 2015, un total de 1.288 mujeres se beneficiaron de cuatro leyes de indulto. También menciona a la Cumbre Nacional de Justicia Plural, realizada en junio de 2016, en la que se señaló la necesidad de humanizar las condiciones de vida en los centros penitenciarios y de adoptar medidas para proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad al interior de los recintos, en particular de féminas. (25/07/2017)
