Los fiscales y procuradores generales de los países miembros y asociados del Mercosur rechazaron este domingo la destitución «ilegal» de su homóloga venezolana, Luisa Ortega, y afirmaron que desconocen la autoridad de su sustituto y hasta este sábado defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
En una declaración conjunta, los fiscales señalaron que la «destitución ilegal» de Ortega es «un claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano».
En consecuencia, «los ministerios públicos de los Estados parte y asociados del Mercosur no reconocen la autoridad de una institución encabezada por autoridades ilegal y arbitrariamente designadas».
Ortega insistió este domingo que aún sigue siendo la fiscal general de Venezuela y señaló que su remoción fue ordenada el sábado por el Ejecutivo a la recién instalada Asamblea Constituyente, un órgano que ella considera como «ilegítimo».
La declaración conjunta consideró «la suspensión de Venezuela del Mercosur por violación de la cláusula democrática prevista en el Protocolo de Ushuaia», tomada el sábado por los cancilleres del bloque reunidos en Sao Paulo.
«La destitución de la fiscal general de Venezuela representa una violación de la regla 4 de los principios rectores relativos a la función de los magistrados del Ministerio Público», aprobados por las Naciones Unidas en La Habana en 1990, apuntó el comunicado.
Según ese principio, «los Estados deberán asegurar que los magistrados del Ministerio Público puedan desempeñar sus funciones profesionales sin ninguna intimidación, obstáculo, coacción, interferencia indebida o exposición injustificada a la responsabilidad civil, penal o de otra naturaleza».
«Con ese ilegal acto, se provoca un daño profundo al Estado de Derecho en especial en su faceta de administración de justicia, que afecta de manera directa a todos los habitantes de Venezuela, en tanto no tienen una institucionalidad autónoma e independiente que defienda los derechos fundamentales de víctimas e imputados», citó.
Advirtió también que el país quedó huérfano de una institución que «conduzca investigaciones de manera independiente e imparcial».
A juicio de los fiscales, la Asamblea Nacional Constituyente, elegida el pasado domingo en una cuestionada votación y sin participación de la oposición, «pretende alterar el sistema acusatorio y suprimir las competencias del Ministerio Público venezolano».
«El cerco militar al edificio de la Fiscalía General venezolana ocurrido este sábado es solo el signo visible de este ataque a la autonomía de la institución, ataque que se agravó con el derrocamiento de la legítima jefa del Ministerio Público venezolano», subrayó el texto.
Frente a esa situación, los jefes de los ministerios públicos del Mercosur «repudian vehemente la destitución de la fiscal general de Venezuela y piden a la comunidad internacional la adopción de medidas inmediatas para promover la recomposición del orden constitucional».
Un pedido también para «garantizar seguridad, libertad e integridad física de fiscales, jueces y funcionarios del sistema de justicia de ese país», al igual que declaran que «permanecerán atentos al desarrollo de los eventos en Venezuela y preocupados por el pleno respeto de los derechos y garantías del pueblo venezolano».
La declaración fue firmada por los fiscales generales de Brasil, Rodrigo Janot; de Argentina, Alejandra Gils Carbó; de Paraguay, Javier Díaz Verón; de Uruguay, Jorge Díaz Almeida; de Chile, Jorge Abbott Charme, y de Perú, Pablo Sánchez Velarde. (06/08/2017)
