El gobierno de Venezuela fue acusado este martes por la ONU de uso de «fuerza excesiva» en las protestas opositoras, aumentando su aislamiento internacional tras la instalación de una polémica Asamblea Constituyente que profundizó la crisis.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, dijo tener informes de «uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes» en Venezuela, «e incluso de torturas».
Maduro también se enfrenta a una posible condena de 15 países de América, cuyos cancilleres se reúnen este martes en Lima para tratar la crisis, tres días después de que el Mercosur suspendiera a Venezuela alegando una «ruptura del orden democrático».
El lunes, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, advirtió que «no descarta» romper relaciones con Venezuela.
La Constituyente se instaló en medio de denuncias de fraude y sin el reconocimiento de Estados Unidos, la Unión Europea, una decena de países latinoamericanos, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
El gobierno de Donald Trump impuso recientemente sanciones financieras y jurídicas a Maduro y 13 de sus funcionarios y excolaboradores, y amenaza con medidas más drásticas.
«El cerco internacional (…) es necesario para que en Venezuela haya un cambio político», dijo Luis Florido, jefe de la comisión de política exterior del Parlamento de mayoría opositora.
Sesión entre protestas
La Constituyente, rechazada por 72% de los venezolanos según Datanálisis, sesionará este martes en el Palacio Legislativo en medio de protestas y tensiones con el Parlamento, que debate en el mismo lugar.
El Congreso, que se reúne en plenario el miércoles, denunció que la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, y otros integrantes de ese órgano tomaron la noche del lunes, con apoyo de militares, el hemiciclo tras forzar las puertas del recinto.
Ante la sesión este martes de la Constituyente, los opositores convocaron a trancar calles, en la continuación de las protestas contra Maduro y que dejan 125 muertos en los últimos cuatro meses.
«No abandonamos la calle porque tenemos razones de sobra para protestar contra la dictadura», aseguró Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento.
Entre la convulsión política y socioeconómica, el gobierno y el alto mando militar se esfuerzan por mostrar su unidad, luego de un confuso asalto el domingo a un cuartel en Valencia (norte), que dejó dos muertos, un atacante y tres uniformados heridos, y ocho capturados.
Inmunidad parlamentaria
La Constituyente se estrenó el fin de semana con la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega, chavista que rompió con Maduro, y en sus próximas acciones podría dejar sin fuero parlamentario a varios opositores para enviarlos a prisión.
«La Constituyente puede levantarle la inmunidad a Raimundo y todo el mundo», advirtió el poderoso dirigente chavista y asambleísta Diosdado Cabello.
Según el expresidente parlamentario Henry Ramos Allup, «con testigos falsos y pruebas ficticias pretenderán eliminar la inmunidad parlamentaria».
La oposición, que acusa al poder electoral y judicial de servir al gobierno, teme una «cacería de brujas» con la Constituyente.
La justicia condenó a 15 meses de prisión al alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, y fijó para el miércoles audiencia contra David Smolansky, alcalde de El Hatillo, ambos del este de Caracas.
Hace diez días fue detenido Alfredo Ramos, alcalde de Iribarren (oeste). Los tes opositores son procesados por no evitar las protestas. La Constituyente redactará una Carta Magna para sustituir la de 1999 y regirá al país por hasta dos años -más allá del mandato de Maduro, que culmina en enero de 2019- como un poder plenipotenciario, tomando decisiones de aplicación inmediata.
La oposición, que exige comicios generales, asegura que la Constituyente sólo busca mantener a Maduro en el poder e instaurar una «dictadura comunista».
Elecciones, la encrucijada
Tras su infructuoso intento de frenar la Constituyente, la oposición está ahora frente al dilema de ir o no a las elecciones de gobernadores de diciembre, cuya inscripción de candidatos se realiza entre martes y jueves.
Debe tomar la decisión luego de denunciar que la votación de la Constituyente fue el «fraude más grande de la historia», por lo que corre el riesgo de perder apoyo popular como cuando aceptó un fallido diálogo con el gobierno a fines de 2016.
«Las elecciones forman parte de una guerra de posiciones y como tal hay que pelear por esas posiciones», declaró a la AFP el analista Luis Salamanca. En 2005, tras denunciar un fraude en un referendo contra el fallecido expresidente Hugo Chávez, la oposición no fue a las parlamentarias, lo que dio control absoluto al chavismo sobre el Parlamento durante cinco años.
(08/08/2017)
