La oposición venezolana llamó a protestas el viernes en todo el país, y pidió mantenerlas hasta el domingo cuando se votará la Asamblea Constituyente del mandatario Nicolás Maduro, cuyo gobierno amenazó con cárcel a quienes boicoteen el proceso.
«Hacemos el llamado a que nos preparemos para una jornada intensa de calle y protesta viernes, sábado y domingo, para que todo el país le explique al mundo que la Constituyente no tiene ninguna legitimidad», dijo en rueda de prensa el dirigente Freddy Guevara, a nombre de la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
En su ofensiva para detener la Constituyente, los opositores cumplían este jueves la segunda jornada de una «huelga general» de 48 horas que elevó a 112 la cifra de fallecidos en cuatro meses de protestas contra Maduro.
Durante el paro, que según la MUD fue acatado en un 90%, han muerto siete personas, tres de ellas este jueves. Las últimas dos víctimas confirmadas por la Fiscalía fueron Rafael Canache, de 29 años, en el Anzoátegui (norte), y José Pestano, de 23 años, en el estado Lara (oeste).
«Este viernes tomaremos las calles de Venezuela. Donde estemos, en su casa, en su trabajo (…), contra el fraude constituyente», instó en Periscope el líder opositor Henrique Capriles.
La MUD ya había anunciado un «boicot» a la elección de los 545 asambleístas que reformarán la Carta Magna.
Buscando calmar las aguas, Maduro planteó a la oposición iniciar un diálogo antes de las votaciones, en un discurso en el que sin embargo ratificó que su proyecto no tiene marcha atrás.
«Propongo a la oposición que abandone el camino insurreccional (…) y que instalemos en las próximas horas, antes de la elección e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, una mesa de diálogo», dijo en el cierre de campaña.
Pero Guevara aseguró que la MUD no ha recibido propuestas serias de diálogo.
La Constituyente echó leña al fuego en un país polarizado y sumido -pese a su riqueza petrolera- en una profunda crisis económica, con grave escasez de alimentos y medicinas y alta inflación.
«Nos va a traer más hambre y miseria», dijo a AFP Carmen Álvarez, comerciante de 60 años, en una barricada en el este de Caracas.
Amplias zonas de la capital y de otras ciudades estaban semiparalizadas y en varios sectores hubo choques entre las fuerzas de seguridad y manifestantes. El ministro de Interior, Néstor Reverol, informó que un policía fue herido de bala en el cuello, en el centro de la ciudad.
Ante la creciente tensión, Estados Unidos dispuso este jueves que los familiares de sus diplomáticos salgan de Venezuela.
Canadá, por su parte, recomendó a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela y salir a los que están en el país.
«El emperador Donald Trump»
Reverol anunció que a partir del viernes quedan prohibidas las manifestaciones que perjudiquen los comicios, y amenazó con penas de hasta diez años de cárcel a los responsables.
Reverol garantizó la seguridad del proceso durante una comparecencia con la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena, ambos incluidos en una lista de 13 funcionarios y militares sancionados la víspera por el gobierno de Donald Trump, acusándolos de «minar la democracia» y de supuestos actos de violencia o corrupción.
«El emperador Donald Trump ha dado la orden de que suspendamos la Constituyente (…) y le digo al emperador Donald Trump que el pueblo manda en Venezuela», expresó Maduro.
El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, indicó que la seguridad del proceso será garantizada por la Fuerza Armada.
Maduro acusa a sus adversarios de promover la violencia para darle un golpe de Estado con apoyo de Estados Unidos.
Gobiernos de Latinoamérica y Europa también expresaron preocupación por la crisis.
«Un cheque en blanco»
Según analistas, el rechazo interno y externo afectan la legitimidad de la Constituyente. El gobierno busca evitar una alta abstención, tras los 7,6 millones de votos que la MUD asegura obtuvo en el plebiscito simbólico que hizo el 16 de julio contra esa iniciativa.
«Es la carta definitiva (…) de un gobierno que para mantenerse en el poder necesita suspender la democracia», aseguró a AFP la analista Colette Capriles.
Maduro, cuya gestión es rechazada por 80% de los venezolanos según la firma Datanálisis, asegura que la Constituyente traerá paz y estabilidad económica, pero la oposición sostiene que con ella busca perpetuarse en el poder.
La oposición decidió no participar, alegando que su sistema comicial fue diseñado para que el gobierno la controle y haga una Carta Magna a su medida.
Con ese poder, podrá incluso eliminar el Parlamento de mayoría opositora y a una Fiscalía rebelde, amenazaron dirigentes del gobierno.
Será un «cheque en blanco», advirtió la fiscal general, Luisa Ortega, quien rompió con Maduro. (28/07/2017)
