Opinar sobre la coyuntura brasileña se ha convertido en un asunto complejo. Por un lado, el Gobierno ha decidido deshacerse de las empresas públicas, del presupuesto en favor de la educación y la salud, de los beneficios laborales y de los recursos naturales estratégicos. A pesar de la sólida acusación en contra del presidente Michel Temer, el Parlamento esquiva su destitución. Con la expresidenta Dilma Rousseff ocurrió todo lo contrario: fue destituida sin pruebas en su contra.
Mientras el Ejecutivo distrae a la población articulando acuerdos con asambleístas para mantener al Presidente en el poder, ocurren hechos insólitos como la voraz deforestación (entre 2015-2016 fueron desmontadas 800.000 hectáreas de bosques solo en el estado de Amazonas). Según reportes, una superficie boscosa equivalente a canchas de fútbol es arrasada cada minuto. ¿A cuánto asciende la deforestación ilegal en todo el territorio brasileño? Se manejan distintas cifras al respecto. Aquí van algunos casos ilustradores sobre la actual administración gubernamental.
El Vicepresidente de la Entidad Federal de Fiscalización Forestal (IBAMA) fue denunciado en 2016 por ostentar una fortuna millonaria de dudosa procedencia, y de ser el jefe de esquemas de favoritismo. Entretanto, el número de atentados y emboscadas protagonizados por sicarios y madereros ilegales en contra de funcionarios que cumplían tareas de inspección se ha incrementado significativamente. A su vez, el Director de la Casa Civil está siendo investigado por el presunto acaparamiento ilegal de tierras. Se le acusa de utilizar papeles viejos fraguados para que parezcan documentos antiguos.
La Bancada ruralista, un poderoso grupo parlamentario, ha impulsado la conformación de una comisión para investigar al Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y a la Fundación Nacional del Indio, tradicionales defensores de los derechos indígenas brasileños y del campesinado. Es de suponer que las conclusiones a las que llegó está comisión son atentatorias contra estos sectores. Por ejemplo, según informó la organización WWF, 8 millones de hectáreas de áreas protegidas, equivalentes a la superficie de Portugal, corren riesgo de ser entregadas a la agroindustria en caso de que sus recomendaciones se materialicen. Hay algo más… nueve congresistas de esta bancada ostentan el récord de acusaciones criminales entre los parlamentarios que han llegado al Supremo Tribunal Federal.
Según la Pastoral de la Tierra, en 2016 han muerto 71 personas por defender sus tierras y territorios. También se ha denunciado el incremento de personas desaparecidos en las selvas inhóspitas. En un reciente ranking elaborado por la organización Global Witness, Brasil ocupa el primer lugar del mundo en asesinatos contra defensores del medio ambiente. El año pasado, en todo el mundo fueron asesinados al menos 200 activistas ambientales. ¿Acaso estas cifras han preocupado a las grandes multinacionales de la información?
El investigador Carlos A. Feliciano publicó varios artículos sobre la violencia rural en Brasil. Él calcula que desde el 2000 cerca de 1 millón de familias han sido agredidas o amenazas por conflictos territoriales, han sufrido “desde desalojos, la destrucción de cosechas y viviendas, hasta agresiones físicas”. La violencia en el campo es de larga data.
La coyuntura brasileña es compleja, hay acusaciones escandalosas de corrupción dentro del Gobierno, que carece de credibilidad popular, pero todavía mantiene un fuerte blindaje parlamentario. En 2016, las clases medias salieron a las calles portando banderas nacionales y vistiendo camisetas de la selección al grito de “Basta de corrupción”, en alusión al gobierno anterior. ¿Dónde se esconden hoy estas multitudes frente al peor escenario de corrupción jamás registrado antes por un gobierno brasileño? Es evidente, la derecha brasileña fue la que propició las manifestaciones contra Rousseff.
