En los últimos años, bastante hemos venido advirtiendo en torno a la ilegalidad de la consulta de 2012 en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), que no fue previa, sino ilegalmente posterior después de que se asumieran medidas administrativas y legislativas tendientes a afectar a los indígenas que habitan esa área protegida; así como sobre su “blindaje jurídico”, en tanto fue declarado parque nacional y territorio indígena de los pueblos que ancestralmente lo habitan (DS 22610 de 1990); y los nuevos derechos y garantías reconocidos por la Constitución de 2009 en favor de las comunidades indígenas y del medioambiente.
Semanas atrás, el Presidente del Estado promulgó la Ley 969, que “quitó” la intangibilidad del TIPNIS, abrogando la Ley 180 de 2011 que en su Art. 3 prohibía expresamente que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese ese parque nacional; con el fin de construir esa vía “quieran o no quieran” (Evo dixit); atentando así contra el régimen constitucional de los recursos naturales (delito de traición a la patria) comprendidos dentro del TIPNIS.
El subterfugio del oficialismo para imponer su Ley 969 (“inejecutable”, por cierto, al basarse en resultados de una ilícita consulta posterior) era que su calidad de “intangible” supuestamente impedía la ejecución de proyectos y programas de desarrollo sostenible que beneficien a los indígenas que habitan ese parque nacional. Ignorando así que Evo Morales, en 2012, promulgó el Decreto Supremo 1146 (reglamentario de la Ley 180), que en su Capítulo II Intangibilidad del TIPNIS define claramente los alcances de tal cualidad. Y lo hacía en armonía con “la cultura de los pueblos indígenas que lo habitan”, y la “concepción propia de desarrollo, en el marco del plan de manejo del área protegida y la Constitución Política del Estado.” Es decir, no había obstáculo alguno para diseñar y ejecutar su desarrollo, más que voluntad para hacerlo.
Ahora bien, si tuviéramos que sugerirles a los indígenas en torno a decisiones que los liberen de “las cadenas” centralistas del Gobierno y presiones sectoriales de sus afines, lo primero sería que opten por consolidarse como autonomía indígena. En el marco de esta forma de autogobierno, los indígenas que habitan el TIPNIS podrían “impulsar su desarrollo integral, así como la gestión de su territorio”. Es más, así pondrían “candados” constitucionales para que ciertas materias como “la administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción” (Art. 304 I.7, CPE) ya no sean legisladas por la Asamblea Legislativa Plurinacional, como competencia del nivel central (y el capricho político); sino, sean “exclusivas” de su autonomía.
Asimismo, al amparo del Art. 31 de la CPE, también podrían hacer prevalecer su derecho al “aislamiento voluntario”. Esto, previendo el irreversible daño que implicaría atravesar su hábitat y la exposición al saqueo transnacional-petrolero, al avance de la “línea roja” por parte de los flujos migratorios colonos y su particular sistema de vida (anexado a la depredatoria economía de la hoja de coca) que implicaría, entre otras variables exógenas.
Finalmente, para conceptualizar mejor en torno al mencionado derecho al “aislamiento voluntario” (como complemento al autogobierno de los indígenas del TIPNIS), la Sentencia Constitucional 0014/2013-L, en su acápite III.9. Los pueblos indígenas aislados, dispone que: “los pueblos en aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo. También pueden ser grupos pertenecientes a diversos pueblos ya contactados que tras una relación intermitente con las sociedades envolventes deciden volver a una situación de aislamiento como estrategia de supervivencia y rompen voluntariamente todas las relaciones que pudieran tener con dichas sociedades. Para estos pueblos el aislamiento no ha sido una opción voluntaria, sino una estrategia de supervivencia”.
