La comisión mixta que investiga los «Papeles de Panamá» aprobó el sábado por la noche el informe final de su investigación, que involucra a empresarios bolivianos con la creación de empresas offshore, y el proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales, último que prevé ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en las próximas horas.
«Concluimos con un informe que nosotros pensamos que cumple las expectativas (…), para ser más efectivos en la lucha contra los paraísos fiscales y de ahí se deriva una cosa fundamental para ser más efectivos en el futuro, que es una ley de lucha contra los paraísos fiscales», dijo el presidente de esa comisión legislativa, Manuel Canelas.
Explicó que, durante la investigación, que se realizó en 14 meses a empresarios y políticos involucrados con la creación de empresas «offshore» en Panamá, se hizo un análisis de los casos más relevantes por tener indicios de haber cometido irregularidades al llevar sus capitales a paraísos fiscales.
Canelas dijo que el informe conclusivo plantea recomendaciones a la ALP para evitar que las personas cometan ilícitos que afecten a los intereses del Estado, sin descartar la modificación de normas y estructuras institucionales.
«La ley debe promover el ajuste normativo en diferentes ámbitos (…), a nivel de la Unidad de Investigaciones Financieras, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas», reseña el proyecto de ley de lucha contra el uso de paraísos fiscales.
Canelas remarcó la importancia de la investigación de capitales que fueron derivados a paraísos fiscales, porque afectan al Estado y a la sociedad en general.
«Los paraísos fiscales le afectan a toda la gente y nosotros queríamos poner un primer grano de arena para que los bolivianos entiendan que la existencia de cuentas en Bahamas, en las Islas Vírgenes y en Panamá, donde algunos de los grandes empresarios o políticos bolivianos se llevan su dinero, afecta inmediatamente a un ciudadano boliviano», sostuvo.
Finalmente, el legislador detalló que el informe conclusivo de esa instancia legislativa establece que, además de las 360 empresas registradas en Bolivia, fueron investigadas 198 personas naturales, de las cuales se abrieron 76 casos de estudio.
El 13 de mayo de 2016, la ALP creó la Comisión Especial Mixta para investigar la posible vulneración de la normativa nacional y la afectación del interés público con actividades y transacciones de empresas o entidades «offshore», después que se destapó el caso «Papeles de Panamá».
