La creación de un sistema articulado de unidades de transparencia que abarque todas las entidades estatales es un paso muy importante en la lucha contra la corrupción. Para ello debería impulsar una investigación eficiente y oportuna de las irregularidades en la administración, pero sin transformarse en un esquema burocrático y arbitrario de control que afecte la gestión pública.
La experiencia internacional de lucha contra la corrupción en el sector público indica que siempre habrá un dilema entre el incremento de los controles a los funcionarios públicos y la necesidad de contar con una gestión pública flexible, simplificada y eficiente. Si se exagera en los controles, se puede acabar en un Estado bloqueado, incapaz de responder oportunamente a las necesidades de los ciudadanos; con autoridades y burocracias temerosas de tomar cualquier decisión y menos aún de innovar en la prestación de sus servicios. En cambio si la flexibilización, con la excusa de ser más eficaz, es total, las posibilidades de que funcionarios inescrupulosos las aprovechen para su propio beneficio se amplifican y la corrupción se extiende. Este no es un equilibrio fácil, pero hay que intentar construirlo.
Por otra parte, hay que ser realistas: las denuncias de corrupción son hoy en día el instrumento favorito para la lucha política; afectar la reputación del adversario o del funcionario suele ser un medio efectivo para obtener réditos políticos. Por tanto, aunque todos estamos de acuerdo en que el Estado debe ser implacable en la lucha contra este flagelo, eso no debería debilitar el derecho a la presunción de inocencia y a un debido proceso de quienes se ven involucrados en casos de este tipo.
Estas reflexiones surgen a partir de la promulgación de la Ley 974, que reglamenta el funcionamiento de las unidades de transparencia de todas las entidades del Estado, establece mecanismos de coordinación e intercambio de información entre ellas, y viabiliza intervenciones autónomas de estas unidades en varios momentos de la gestión pública cuando sea necesario. Hacía falta una norma de estas características para desplegar una acción sistémica y articulada de promoción de la transparencia y de investigación de las irregularidades en un Estado cada vez más complejo. Es un paso positivo en la profesionalización e institucionalización de la lucha contra la corrupción.
El reto ahora consiste en poner en marcha este sistema, pero teniendo en cuenta los dilemas descritos anteriormente: reforzamiento del control, pero sin burocratizar y afectar la eficiencia y oportunidad de las acciones del Estado; vigilancia fortalecida, pero realizada de manera inteligente para que no genere un clima de sospecha que desincentive a los funcionarios y autoridades que cumplen su trabajo; sanciones severas contra aquellos que cometan actos de corrupción, pero respetando las garantías constitucionales de todos los involucrados.
