La Fiscalía pidió que se le revocara la detención domiciliaria al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá por el caso Taladros, pero la Justicia decidió rechazar el pedido de enviarlo a la cárcel y ratificó las medidas sustitutivas a la detención en La Paz.
«Yo esperaba que pueda darse la oportunidad de trabajar y estar con mi familia, son cuatro meses que estoy lejos de ellos. Yo tengo un trabajo, una familia en la ciudad de Santa Cruz y esperaba retornar allá. Voy a esperar que la investigación continúe porque tengo certeza, la convicción de que realmente por lo menos yo no he hecho absolutamente nada», dijo el exhombre fuerte de la estatal petrolera.
Desde el 21 de junio pasado permanece en detención domiciliaria por el caso Taladros y fue imputado por los delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado, uso indebido de influencias, incubrimiento e incumplimiento de deberes por irregularidades en el proceso de adjudicación a la empresa italiana Drillmec para la provisión de tres equipos de perforación por $us 148 millones.
«Yo espero que se aclare todo. He tenido una afectación muy grande debido a estas peculiaridades que se han ido dando. Son once años de trabajo en YPFB y creo que hice bien las cosas», insistió.
Iván Córdova, presidente de la Sala Penal, ratificó la detención domiciliaria para la exautoridad, en tanto que su abogado, Héctor Castellón, consideró como excesiva la sanción y advirtió que el tribunal observó que el Ministerio Público no pudo comprobar los delitos contra su cliente.
«Se ha demostrado que tiene un trabajo en Santa Cruz, y la familia y el domicilio está en Santa Cruz no se entiende por qué la detención es en La Paz, es un contrasentido», aseguró el abogado.
Más temprano, por el mismo caso se suspendió la audiencia de cesación a la detención preventiva de Cinthia Novillo, quien desde junio guarda detención en el penal de mujeres de la zona de Obrajes. (02/10/2017)
