En los últimos 35 años se conformaron en Bolivia al menos cinco instancias para investigar las desapariciones ocurridas en las dictaduras militares. Hasta hoy, cuando fue activada la Comisión de la Verdad con la posesión de sus cinco miembros, se lograron algunos avances, pero no todos los que se esperaba.
En 1982, a días de asumir el mando de Bolivia y a poco de la recuperación de la democracia, el presidente Hernan Siles Suazo decidió la conformación de la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzados. La investigación abarcó el período entre 1964 y 1982, con importantes avances como el establecimiento de 150 desapariciones forzadas.
Determinó que los responsables de las desapariciones forzadas fueron agentes del Estado en cumplimiento de órdenes de altas autoridades, incluidos los Presidentes de los gobiernos dictatoriales. Encontró además los restos de 14 personas desaparecidas en la dictadura de Hugo Banzer Suárez y del dirigente fabril René Sánchez Chalco, desaparecido en la dictadura de Luís García Meza, quien hoy cumple una sentencia de 30 años de cárcel al igual que su ministro Luis Arce Gómez.
Los datos se encuentran publicados en un informe de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) de 2007. En ese documento se recuerda que una de las primeras acciones en este desafío ya se hizo en 1970, cuando la Asamblea Popular, en el gobierno de Juan José Torres, decide investigar la desaparición del minero Isaac Camacho.
La dictadura de Banzer, de la que este lunes se recuerdan 46 años, fue parte del denominado Plan Cóndor, una instancia de coordinación entre gobiernos de la dictadura. De hecho, el número de casos registrados es de 33 desapariciones forzadas en territorio boliviano, 35 en Argentina y 8 casos en Chile, haciendo un total de 77 desaparecidos.
“En 1993 la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, presidida por el abogado Juan del Granado, organizó una Subcomisión para la investigación de las desapariciones forzadas bajo la dirección del diputado Jorge Suárez. Pese a la buena voluntad de ambos diputados, no se logró ningún resultado”, refiere el documento sobre la relación de este tipo de gestiones.
Un tercer momento en la búsqueda de la verdad de lo ocurrido durante las dictaduras se dio el 17 de julio de 1997, cuando se organizó, durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, una Comisión Especial para la búsqueda de los restos del dirigente socialista y diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz. El trabajo no avanzó porque llegó al poder, por la vía democrática, el exdictador Banzer.
No obstante, los antecedentes de su trabajo fueron derivados a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que entonces estaba presidida por Roberto Moscoso. En 1999, concluyó su trabajo y lo remitió a la Fiscalía. El caso fue inicialmente tramitado por el juez Alberto Costa Obregón y acabó con otro juez y la sentencia a tres paramilitares.
Posteriormente, en 2003, en el segundo mandato de Sánchez de Lozada, se constituyó el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas ocurridas entre 1964 y 1982, que no llegó a funcionar debido a la situación política que terminó por provocar la dimisión de Sánchez de Lozada en medio de una revuelta social.
El gobierno de Evo Morales aprobó en 2016 la ley para la Comisión de la Verdad, constituida este lunes, que tendrá la tarea de “esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982”.
Parte del artículo 7 de la ley “dispone la desclasificación de los documentos militares” y el ministro de Defensa, Reymi Ferreira, aseguró que los documentos militares sobre las dictaduras estarán disponibles para la investigación. (21/08/2017)
