El conflicto de Achacachi ha estado caracterizado por una fuerte polémica entre lo urbano y rural con ciertos niveles de racismo y discriminación. También es evidente que la gestión del alcalde de ese municipio, Édgar Ramos, fue el factor que focalizó el origen de las discrepancias. El burgomaestre cosechó apoyos y, de otro lado, cuestionamientos a su gestión.
Este conflicto de gobernabilidad, como otros problemas de esa naturaleza, ha sido monitoreado por el Viceministro de Autonomías desde los primeros desencuentros que desembocaron en la jornada violenta del 15 de febrero, cuando el tema dejó de ser solo una disputa urbano-rural, para convertirse en cuestiones vinculadas a revanchas locales y cálculos ejecutados por fuerzas políticas de esa zona del altiplano norte del departamento de La Paz. Fue en ese escenario conflictivo local que emerge la necesidad de hacer gestiones y convocar al Alcalde para que rinda cuentas, como parte de las relaciones entre él y los dirigentes territoriales. Pero el asunto escaló hasta convertirse en violento y susceptible de ser resuelto a través de la justicia. Hubo avasallamientos, saqueos y destrucción de bienes públicos.
En estos seis meses de conflicto localizado, se implicó el nivel central e intentamos mediar. El canciller Fernando Huanacuni y los ministros de Desarrollo Rural, César Cocarico; de la Presidencia, René Martínez, y el Viceministerio de Autonomías, buscamos acercar a las partes. En una ocasión estuvimos dos días en el edificio de la Cancillería convocando a las partes, pero nadie respondió, nadie cedió.
Entonces advertimos que detrás de los dirigentes vecinales existía una mano política e intencional de actores no visibles en el territorio y que alimentaron la desestabilización del Alcalde de forma planificada. Por eso, en agosto, hubo un bloqueo en la zona que solo perjudicó a sus habitantes.
Y así aparece una segunda parte de este conflicto: los actores políticos introducidos en la zona, con una segunda intención, activaron una estrategia para hacer mucho más visibles estas disputas a través de marchas y otras acciones. Aquí aparece la figura de Felipe Quispe respaldado subrepticiamente por agentes de Unidad Nacional (UN) y otros agentes opositores para que la agenda de Achacachi escale hacia un conflicto mayor, con temas extraños como las demandas sobre el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).
Los pobladores del municipio de Achacachi y de la provincia Omasuyos, además de otras regiones del área rural de La Paz, no respaldaron a los dirigentes que propusieron esta escalada del conflicto, porque los efectos del bloqueo, además de otras protestas y vigilias financiadas, en el fondo les perjudicaban en su desarrollo.
A pesar de la naturaleza municipal del problema, éste ha saltado a titulares de medios nacionales; llegó a ser parte de la agenda mediática, precisamente por la introducción de temas que están desconectados de la realidad del altiplano norte de La Paz. El conflicto de Achacachi se ha intentado proyectar a otros intereses que reafirman la intencionalidad política de los actores que se movilizaron, incluso niños, mujeres; personas cubiertas con pasamontañas para generar temor y procurar adhesiones: un montaje para desestabilizar en los climas de opinión al Gobierno nacional.
Cuando un conflicto es producto de la impostura, al final se encuentra con la realidad y esta realidad estuvo marcada por las pérdidas y el malestar provocado por el bloqueo y las protestas. Un 70% de la población de Achacachi rechazó estas acciones por la aparición de personajes que intentaron reciclarse sin contar con legitimidad. La impostura se enfrentó a la realidad y la gente allí rechaza a los actores políticos que no les representan.
Ahora es muy difícil que este conflicto rebrote. Las protestas se han ido aplacando sobre una estructura montada con una estrategia de mediatización, pago de movilizaciones y posturas radicalizadas como la de Quispe, que no guardan relación con ningún problema municipal, y que han ido generando malestar. Como pasó en febrero, hoy la respuesta al conflicto es a través de los instrumentos institucionales: la Justicia junto con el Ministerio Público, donde se puedan ventilar las denuncias de supuestos hechos de corrupción contra el Alcalde y el llamado a un referéndum revocatorio de mandado. El conflicto es municipal-vecinal y en este momento hay un efecto boomerang contra los dirigentes que lo promovieron.
- Hugo Siles es viceministro de Autonomías
