El Tribunal Supremo Electoral realizó ayer el sorteo público de ubicación de las y los postulantes en las papeletas de sufragio para las elecciones judiciales del 3 de diciembre. Ya se fijó, por tanto, dónde estarán situadas las 96 candidaturas en competencia. Ahora el reto es conocerlas, saber sus méritos, su idoneidad, su experiencia. La democracia requiere votantes informados.
A menos de tres meses de los comicios, pocas cosas se conocen de las personas que aspiran a convertirse en máximas autoridades judiciales y constitucionales. Se sabe que fueron preseleccionadas en la Asamblea Legislativa en medio de una disputa política entre el oficialismo y la oposición. Se sabe que la mitad son mujeres y la mitad hombres, y que una parte son de origen indígena. Se conocen también sus nombres, algunos datos curriculares.
Se han publicado sus fotos. Nada de eso es suficiente.
¿Qué información demanda la ciudadanía sobre las y los candidatos por quienes se votará el 3 de diciembre? Además de sus datos personales y hojas de vida, que nos dirán lo que son y aquello que estudiaron e hicieron profesionalmente, es imprescindible que se expongan públicamente las miradas, los diagnósticos que tienen estas personas sobre la agravada crisis en la administración de justicia en el país. Y, lo más importante, cuáles son sus propuestas para enfrentar tal crisis a fin de superarla.
Como era previsible, la oposición ha hecho explícita su decisión de alentar el voto blanco, nulo o “por ninguno” en las elecciones judiciales, tal como hizo hace seis años. Estas opciones de voto, más sencillas, no requieren información sobre los candidatos. Basta descalificarlos, acusarlos de afinidad con el Gobierno, negarles legitimidad y méritos. Es una consigna basada en el desconocimiento. ¿No sería más democrático conocer las candidaturas y luego decidir si se vota o no por alguna de ellas?
En las malogradas elecciones de 2011, que iniciaron el derecho ciudadano a votar por las máximas autoridades judiciales, fallaron varias cosas. Las más evidentes, además de la cuestionada preselección con base en avales, fueron la embrollada papeleta de votación y la insuficiente información sobre méritos y propuestas. Se votó, además, pocos días después de la represión en Chaparina. El resultado fue un elevado número (60%) de votos blancos y nulos. De algo debiera servir esa experiencia.
Si bien es previsible ahora una pugna entre impulsar el voto válido en las elecciones o intentar plebiscitarlas, no debe perderse de vista el día después. Más allá de la estadística electoral sobre votos blancos y nulos, más acá de las interpretaciones que hagan los comentaristas mediáticos, lo que quedará para los próximos seis años son 52 autoridades electas con el mandato de mejorar la administración de justicia. Demasiado está en juego el 3 de diciembre como para votar sin información y por consigna.
