En el tiempo en que el Informe 2016 sobre Acceso a la Tierra y Territorio en Sudamérica viene circulando ha suscitado varias reacciones y la confirmación de la necesidad de observar el acceso a la tierra como un fenómeno contemporáneo que requiere comprenderse regionalmente.
En Sudamérica, las organizaciones del campo, dependiendo de su relación con los gobiernos, impulsan o no el tema del acceso a la tierra y se enfrentan a marcos institucionales que permiten o dificultan sus demandas por este asunto. Aún y con la diversidad de mecanismos estatales para la (no) distribución o redistribución de tierra, muchas organizaciones territoriales, comunidades, familias y personas están demandando tierra y defendiendo sus territorios, se erigen juicios, acciones populares, protestas, movilizaciones y asentamientos, procesos permanentes y de largo aliento y no acciones aisladas y esporádicas.
Diversos hechos durante 2016 mostraron en cuanto a las limitadas posibilidades del acceso a la tierra. Uno de ellos, el veredicto al caso Curuguaty en Paraguay, donde murieron seis policías y 11 campesinos en junio de 2012, lo que determinó altas condenas a las campesinas y campesinos procesados por “homicidio doloso agravado, tentado y consumado”, “invasión de inmueble” y “asociación criminal”, y despertó la indignación y solidaridad generalizada; y otro, el resultado negativo del plebiscito por la aprobación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en Colombia, momento en el que se puso a prueba a los sectores rurales y su aspiración a la paz como un hecho integral que les permite recuperar tierras y disputar el modelo de desarrollo en el campo.
La conflictividad por la tierra articula, no solo solidaridad y luchas, sino temas que complementan una agenda agraria. El impulso de los pueblos por refrendar los derechos constitucionales e internacionales que tanto les ha costado suscribir; la creciente declaración de territorios libres de glifosato; las muchísimas plataformas locales e internacionalistas en contra de los transgénicos; y por supuesto, el interés académico, activista y productivo que apunta a la agroecología son solo algunos temas que alientan las iniciativas que afirman que la tierra en manos de campesinos e indígenas garantiza una mejor alimentación para todos.
Conocer y generar nexos entre procesos en los que la concentración de tierra y violencia han determinado parte de la historia del movimiento campesino e indígena mostrará la capacidad de éste para reinventarse y generar nuevas estrategias de lucha y ejercicio de sus derechos sobre la tierra. Una transversal importante son las experiencias de procesos de consulta a pueblos indígenas que generan lecciones comunes respecto del enfrentamiento de procesos contra Estados y empresas transnacionales mineras, petroleras o constructoras.
Peculiar el caso de Colombia, donde el proceso de construcción de paz, implicó la constitución de una Instancia Especial de Alto Nivel para los grupos étnicos, encargada de velar por que lo acordado tenga un enfoque étnico, y cuya primera constatación fue la falta de priorización de sus problemáticas, así como la limitada transversalidad de la comprensión de lo étnico. Campesinos, afrodescendientes e indígenas alentaron este trabajo y se impusieron en La Habana; sin embargo, las consultas previas en los territorios y a todos los pueblos indígenas se retrasaron. Junto a esta demanda de participación y paz territorial, la preocupación latente fue solicitar responsabilidad del Estado, respecto de la seguridad y protección de los dirigentes indígenas.
Varios de estos temas, y desde sus protagonistas, serán abordados en el próximo IV Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural (18 y 19 de octubre de 2017), evento que se ha hecho ya un referente que marca el pulso a la agenda organizacional y al debate sobre los modelos de producción. El Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS) organiza una mesa denominada Estrategias de demanda y acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, que contará con la participación de los especialistas Luis Rojas Villagra del Paraguay, Juan Wahren de Argentina y Luz Mery Panche, líder indígena nasa y delegada de la Coordinación Étnica Nacional de Paz a la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el Acuerdo Final de Paz en Colombia.
- Ruth Bautista Durán es investigadora del IPDRS
