La entrega de un lote de misiles chinos de las Fuerzas Armadas a Estados Unidos en 2005 generó desconfianza sobre Bolivia y esto se constató cuando se gestionó la adquisición de un sistema de radares. Francia exigió la firma de una cláusula de confidencialidad para concretar la compra de los equipos, reveló el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
Por la entrega de ese lote de armamento, fueron procesados y sentenciados un grupo de militares y civiles que, por las condenas recibidas, de dos a tres años de cárcel, prácticamente fueron absueltos, por lo que se está analizando jurídicamente en el Gobierno iniciarles otro proceso legal por delitos distintos, informó.
Ese caso sembró desconfianza sobre Bolivia. “Ya ha habido reticencia de algunas potencias amigas de vendernos equipo de alta generación por el tema de confidencialidad”, aseguró y reveló que uno esos países fue Francia, cuando se iniciaron las gestiones para la adquisición de un equipo de radares para la lucha contra delitos, principalmente en la frontera.
“Francia nos ha exigido, la empresa que está construyendo el sistema de radares es una empresa con un capital estatal del gobierno de Francia, una cláusula de confidencialidad por toda la tecnología que se integre (y) no puede ser entregada a una tercer potencia. Es consecuencia, la desconfianza que genera en el país una actitud de ese tipo (entrega de misiles)”, cuestionó.
En 2005 fueron entregados los misiles a Estados Unidos para su desactivación con el argumento de que podían ser sustraídos y utilizados en contra de la estabilidad democrática. El presidente Evo Morales, cuando era diputado en 2005, presentó la denuncia y se inició un juicio de responsabilidades contra los responsables del hecho.
El Tribunal Supremo de Justicia sentenció a ocho procesados con dos a tres años de cárcel, pero no ingresarán a la cárcel porque son condenas mínimas. Ante este hecho, el Gobierno presentó una demanda para un juicio de responsabilidades contra los cinco magistrados que firmaron la sentencia, calificada de benévola.
El Gobierno no terminó de cerrar el caso y Ferreira anunció que un equipo jurídico del Ministerio de Defensa, del Viceministerio de Transparencia y de la Procuraduría General del Estado, analizan nuevos tipos penales para iniciar otro proceso contra quienes fueron responsables de entregar el armamento.
“Están viendo otros delitos y a raíz de ese hecho dar inicio a otra causa”, advirtió.
El excomandante del Ejército Marcelo Antezana; el exjefe de Estado Mayor Marco Antonio Vásquez; el exinspector general del Ejército Víctor Hugo Cuellar; el exjefe del Departamento IV David Torricos y el coronel Wilbert Sánchez fueron condenados entre dos y seis meses y tres años.
El general Gonzalo Alberto Rocabado y el capitán Ernesto Caballero fueron absueltos, en tanto que el exministro de Defensa Gonzalo Méndez y el excomandante de las Fuerzas Armadas almirante Marco Antonio Justiniano fueron condenados en ausencia a tres años de cárcel, cada uno.
