Aproximadamentre al mediodía de este jueves la oposición denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Gobierno, los legisladores oficialistas y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la violación del Pacto de San José de Costa Rica en su afán de repostular al presidente Evo Morales en 2019.
El bloque de cinco líderes detractores, representado por los senadores de la alianza Unidad Demócrata (UD) Óscar Ortiz y Arturo Murillo, además del aboga constitucionalista Carlos Alarcón, se presentó ante esa dependencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar que el oficialismo intenta desconocer a los más de dos millones de bolivianos que rechazaron la repostulación en febrero de 2016 “los derechos de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente y de votar” reconocidos en el artículo 23, numeral 1, incisos a y b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo hicieron un día después que una delegación del oficialismo, compuesta por el ministro de Justicia, Héctor Arce, y la presidente de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, se presentaran ante el Consejo Permanente de la OEA para explicar las acciones legales emprendidas en Bolivia en busca de lograr la repostulación indefinida de autoridades electas.
Los opositores enumeran “tres violaciones” para ese efecto: La Ley de Aplicación Normativa de 2013 con la que no se contó el primer mandato de Morales (2005-2010); el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que buscó ampliar las repostulaciones a dos continuas; y la admisión del TCP del recurso legal para validar, lo que denominan, “la cuarta reelección continua de los actuales mandatarios”.
“Al admitir esta demanda, el Tribunal Constitucional usurpa las funciones del poder constituyente y del cuerpo electoral constituido en soberano que ya tomó una decisión con efecto obligatorio, inmediato y vinculante en el referendo del 21 F”, escribieron los opositores sobre el último caso.
Aseguran que los derechos citados “pierden su esencia y carecen de sentido y efectividad, si los resultados mayoritarios de dos referendos no se respetan y cumplen como lo exige y manda el soberano”, según se lee en parte del legajo de 24 fojas que fue presentado ante la CIDH que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Estos derechos quedan aniquilados cuando decisiones legislativas y judiciales, manipuladas e instrumentalizadas por el gobierno de turno, se colocan por encima de la Constitución, del voto ciudadano y de la soberanía popular”, reseña el documento.
Así, replicaron al recurso legal que el gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) presentó el 18 de septiembre ante el TCP para declarar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado referidos al límite del mandato de los gobernantes.
El oficialismo justamente enarbola el mismo articulado de la Convención supranacional para sustentar su petitorio, pues asegura que con la vigencia de los artículos impugnados se vulnera el ejercicio de los derechos políticos de las autoridades electas.
La denuncia opositora advierte que “está en juego en esta petición la sobrevivencia de la democracia y el Estado de Derecho en Bolivia, y además de los derechos políticos invocados, también está en juego el respeto a la Carta Democrática Interamericana de la OEA”, que fija “el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho…”.
Asimismo, cuestiona que el oficialismo pida la inaplicabilidad de artículos como el 168 de la Carta Magna que fija una sola repostulación continua (que en el caso de Morales se consumó en las elecciones de 2014) cuando “fue ratificado en su plena vigencia, aplicación y operatividad” en el referéndum de 2016 auspiciado por el mismo MAS y que rechazó entonces la reforma constitucional con el 51,3% de los votos.
Los argumentos son reforzados con pronunciamientos sobre asuntos similares de Perú y Guatemala por los casos de los expresidentes Alberto Fujimori y José Efraín Ríos Montt, respectivamente, frena su reelección.
La denuncia se da horas después de que el Gobierno boliviano defendiera su plan ante el Consejo Permanente de la OEA y criticara a su secretario Luis Almagro, quien pidió respeto al veredicto del 21F. Es apenas el primer capítulo de esta pulseta que la oposición pretende llevar a las calles. (05/10/2017)
