En medio del diálogo sobre el pacto fiscal, la Coordinadora Nacional de Autonomías Indígena Originario Campesinas (Conaioc) planteó una interpelación, más allá de la distribución de recursos, al sistema de gestión pública. Los representantes indígenas sostienen que las normas vigentes no responden al Estado Plurinacional y traban el ejercicio del autogobierno indígena.
Diferentes diagnósticos muestran el lento y difícil camino de las autonomías en el país. Incluso para algunos el proceso, más que avanzar, está congelado. Cierto que se elige directamente a sus autoridades, administran sus recursos y hasta definen normas. Pero muy pocas entidades territoriales tienen documentos autonómicos vigentes, su capacidad legislativa es limitada y persiste una dependencia del nivel central del Estado. Entre el modelo autonómico y su realización existe, todavía, un precipicio.
En tal escenario se sitúa el debate sobre el pacto fiscal. Claro que, más que “debate”, lo que hay son lineamientos desde el Órgano Ejecutivo. Con la dificultad adicional, que no es menor, de tener que acordar un resultado no cuando hay abundancia de recursos, sino reducción de ellos. Así, el pacto fiscal, que debiera establecer modelos de gestión, inversión y coordinación, tendrá mucho de negociación y disputa por la distribución de limitados recursos. Así avanza, sin liderazgo, este demorado asunto.
Más allá del incierto rumbo del proceso autonómico y de cómo se redistribuyan los recursos entre el nivel central del Estado y las entidades autónomas, el cuestionamiento planteado por la Conaioc apunta al corazón mismo de la gestión. La evidencia es que la actual normativa de administración y control gubernamentales (léase Ley Safco, de 1990) fue pensada en y para un Estado republicano. Así, en el nivel local sabe mucho de municipios, pero ignora todo sobre el autogobierno indígena, trabándolo.
La interpelación realizada por los representantes indígenas se produce no desde la prevención o expectativa, sino desde la experiencia. El ejercicio de la autonomía indígena enfrenta una muralla administrativa, como lo demuestra el primer autogobierno en Bolivia, el guaraní de Charagua Iyambae, que este año avanzó poco y mal. La inercia del municipalismo permanece. Por ello la necesidad de “un marco normativo para la gestión pública descolonizadora, comunitaria e intercultural”. No es poca cosa.
A reserva de los retos que plantean las autonomías indígenas, lo que está en cuestión, y se evidencia en el pacto fiscal aún pendiente, es el devenir del proceso. ¿Hacia dónde van las autonomías? ¿Van? Nadie niega que el diseño autonómico adoptado en el país sea muy complejo. Tampoco hay duda de que se trata de un camino de largo aliento. Pero mirar el horizonte, todavía distante, requiere dar pasos concretos, permanentes y seguros, en lógica incremental. Es necesario un nuevo pacto autonómico.
