En este periodo de difusión de méritos (campaña) que concluye el 26 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) deberá impulsar a los ciudadanos a que acudan a las urnas, pero provistos de la mayor información posible sobre los candidatos que terciarán en las elecciones de magistrados del Órgano Judicial.
En ese sentido se debe dar mayor libertad a los candidatos para que puedan expresarse en los medios de comunicación y en todos los espacios de debate, puesto que es la única forma en que puedan darse a conocer.
Cabe resaltar que estas elecciones judiciales son diferentes a los comicios presidenciales. Los candidatos a la primera magistratura del país crean imaginarios a través de las herramientas del marketing con la intención de seducir a la población. En cambio, en las elecciones de magistrados no se debe hacer un marketing político, sino ofrecer información transparente sobre los méritos de los postulantes, su perfil profesional y todo su desempeño laboral con miras al cargo al que postulan.
El periodo de difusión de méritos de los aspirantes a magistrados debe ser fundamentalmente informativo. Pero tampoco podemos esperar que se conozcan a todos pues el tiempo es corto y los postulantes son muchos y esto generará, de todas formas, una confusión.
Así, uno de los mecanismos más interesantes para conocer la experiencia laboral que tienen los candidatos a magistrados son los debates debido a que cuando hay una confrontación de ideas la población boliviana puede percibir cuál es más competente y más apto. Entre los ejes de debate que deberían tomarse en cuenta son las temáticas de la democracia, la libertad y la institucionalidad, que son las bases fundamentales de la justicia.
Ahora bien. Como no se ha tenido éxito en las elecciones judiciales de 2011, lo que se espera es que estos nuevos comicios logren aproximarse, mínimamente, a los estándares que tanto se han anhelado, porque la justicia no ha mejorado de forma cualitativa como se esperaba.
En ese marco, aún existe muy poca expectativa de que con este proceso electoral mejore la situación de la justicia. Si bien se han hecho modificaciones de forma, en el fondo sigue siendo lo mismo, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional ha realizado una preselección de los candidatos con miras a la elección segura de los magistrados.
Por ello, en el futuro debería efectuarse una reforma constitucional y aspirar a que los candidatos realmente sean elegidos a través del voto directo sin ser preseleccionados por el Legislativo, lo cual sería un proceso democrático genuino.
Ante esto, no hay un cambio estructural de fondo y es básicamente el mismo pese a que la Asamblea ha intentado hacer ver que el proceso de preselección ha sido más riguroso, más técnico y más exigente.
Sin embargo, esto se ha instrumentalizado debido a que el partido oficialista, con los dos tercios que tiene en la Asamblea, ha consolidado esa mayoría en la preselección de los candidatos para las autoridades judiciales y esto obedece a una línea más política que institucional.
Cabe aclarar que desde la perspectiva de la población, para que las justas electorales tengan legitimidad los candidatos deberían obtener una votación mínima que por lo menos supere el 40% de todos los electores.
Pero si no se obtiene ese porcentaje, las elecciones tendrán problemas de legitimidad y la población mostrará su descontento con el proceso de preselección de candidatos a magistrados. En esa línea, es necesario indicar que el proceso solo gana legitimidad cuando tiene un respaldo mayoritario de la ciudadanía.
