Brasil anunció esta semana una avalancha de privatizaciones, desatando una verdadera euforia bursátil, aunque también dudas sobre una estrategia que pone en venta varias «joyas de la corona» con la mera intención de tapar déficits.
La lista de 58 activos abarca puertos, aeropuertos -incluido el rentable terminal aéreo de Congonhas, en el estado de Sao Paulo-, licitaciones petroleras y gestión de loterías. En la lista figuran igualmente Eletrobras, la mayor empresa de energía de América Latina, y hasta la misma Casa de la Moneda, que imprime la divisa nacional y los pasaportes. Para completar el cuadro y las polémicas, el gobierno decidió abrir a la explotación minera privada un área de más de 40.000 km2 en plena selva amazónica.
Según las evaluaciones, el Estado podría recaudar con las privatizaciones unos 40.000 millones de reales (12.700 millones de dólares) antes de fines de 2018, cuando debe concluir el mandato del presidente conservador Michel Temer.
Una suma nada despreciable para un gobierno que este mes tuvo que aumentar las previsiones de sus déficits en 2017 y 2018, ante las demoras de recaudación y la lentitud del despegue económico después de dos años de grave recesión, que dejaron 13,5 millones de desempleados.
El ministro Wellington Moreira Franco, a cargo del Programa de Asociación de Inversiones (PPI), aseguró que el plan es una herramienta «para enfrentar la cuestión de desempleo y renta y restablecer condiciones» de crecimiento.
El ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, no tuvo empacho, en cambio, en admitir que el plan «da seguridad a los agentes económicos y a los consumidores de que se está alcanzando el equilibrio fiscal, ahora con la ayuda importante de las privatizaciones».
Los anuncios se realizaron en momentos en que el gobierno -fuertemente desprestigiado por los escándalos de corrupción- enfrenta serias resistencias para aumentar impuestos o avanzar en la reforma de las jubilaciones, que considera esencial para sanear las cuentas públicas a largo plazo.
Señal al mercado
El mercado reaccionó con euforia a los anuncios. Las acciones de Eletrobras se dispararon casi 50% el martes y, aunque el miércoles cayeron 11,04%, el jueves volvieron a subir casi un 4%. La Bolsa de Sao Paulo superó el martes por primera vez desde 2011 la barrera de los 70.000 puntos. Ese entusiasmo despertó, sin embargo, sospechas de una acción improvisada. El propio gobierno admitió que el modelo de privatización de Eletrobras aún no se había definido.
«El factor más importante de los anuncios es la señal que el gobierno envía al mercado, incentivándolo a detectar empresas y activos públicos con potencial de pasar a la economía privada», dijo a la AFP el analista Marcelo Caparoz, de RC Consultores.
Pero «el hecho de que el mercado se haya visto sorprendido denota cierta rapidez [en la planificación]. Entonces en la ejecución del plan podrían surgir problemas», agregó.
Esos problemas no tardaron en perfilarse. Las mayores resistencias se centran en Eletrobras, cuyas 233 plantas generan más de un tercio de electricidad del gigante sudamericano.
«No soy partidario de la privatización de Eletrobras. La empresa es una garantía de abastecimiento de energía. Tiene una función estratégica y, como tal, debe permanecer bajo control del Estado», dijo el martes el exministro de Energía y actual senador Edison Lobao, del PMDB, el partido de Temer.
Los sindicatos de la empresa preparan movilizaciones y acciones judiciales para evitar lo que consideran una inevitable ola de despidos.
La privatización de Congonhas y otros aeropuertos rentables (de un total de 14 que serán sometidos a licitación) genera igualmente temores de dificultades financieras en Infraero, el grupo estatal a cargo de la gestión de los terminales.
En caso de que se concreten los planes, esta sería la mayor ola de privatizaciones de Brasil desde la presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), cuando el Estado se desprendió de empresas clave en los sectores de la minería y las telecomunicaciones.
‘Desmonte’ del Estado
El investigador y consultor independiente Felipe Queiroz denuncia un «desmonte del Estado», en nombre de «un juego político-ideológico vinculado a grandes empresas».
«Pasamos de un ciclo necional-desarrollista a un ciclo ultraliberal», dijo Queiroz a la AFP, en referencia a la política de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida el año pasado por el Congreso.
Sobre el plan pesan, asimismo, incertidumbres relacionadas con las denuncias de corrupción contra Temer y con las elecciones de 2018.
«En los próximos meses, la atención empezará a centrarse en los candidatos» que se perfilen como favoritos en los comicios de octubre, afirma Marcelo Caparoz.
La apuesta del mercado, obviamente, es la de un presidente partidario de políticas ortodoxas.
Y su principal temor: un retorno del exlíder sindical Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) que, pese a las acusaciones de corrupción en su contra, sigue liderando las intenciones de voto.
(25/08/2017)
