El riesgo mayor es que se logre un ‘contagio’ de la disconformidad por la mala gestión local
La agenda nacional de los últimos días ha estado plagada de declaraciones, amenazas y planes de ataque protagonizados (una vez más) por los pobladores de Achacachi.
Los pobladores de Achacachi se encuentran movilizados desde febrero de este año cuando quemaron la casa del alcalde Édgar Ramos (MAS) en protesta por su gestión. Las organizaciones citadinas de Achacachi acusan a Ramos de no rendir cuentas públicas y protagonizar actos de corrupción y, por ello, exigen su renuncia. En represalia a estos hechos, al día siguiente, comunarios “Ponchos Rojos”, afines al Alcalde, ingresaron a Achacachi generando a su paso el saqueo de casas y negocios. Tras la intervención del Defensor del Pueblo, el conflicto parecía haberse calmado. Después de un tiempo, el Gobierno anunció la realización de la parada militar en Achacachi, lo cual reactivó la tensión y la rebeldía de los vecinos de aquella localidad.
El conflicto retomó intensidad los últimos días tras la detención de dirigentes locales acusados de encabezar los hechos de violencia durante las protestas. Una primera marcha llegó a La Paz y luego derivó en la masificación de la protesta y el bloqueo de la carretera hacia Copacabana. Actualmente se anuncia la segunda marcha protagonizada por 700 mujeres con destino a La Paz.
Achacachi es un pueblo históricamente rebelde. Hablar de Achacachi es hacer referencia al bloqueo de caminos organizado por la CSUTCB el 3 de abril del 2000, y que desata el ciclo de protestas que terminan con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por ese entonces ya se enarboló el discurso de un autogobierno indígena, y de allí resurge, con fuerza mediática, la tesis de Fausto Reinaga sobre la existencia de las dos Bolivias: una Bolivia blanca mestiza y la otra Bolivia india, clandestina y negada por el colonialismo interno.
Y en este conflicto también resurge un protagonista arrinconado, pero no olvidado: Felipe Quispe (el Mallku), cuyas capacidades discursivas y simbólicas no deben ser subestimadas. Con un aparente desprecio por la política institucional, vuelve a ejercer su sugestión sobre una Bolivia urbana que mantiene una relación de miedo/fascinación sobre la narrativa de lo “indio”. Aprovechando oportunamente un hecho local como el cuestionado gobierno de Ramos, logra repercusión en la macropolítica estatal convocando a un gran pacto de todos los “inconformes”.
Hasta el fin de semana, Achacachi ya había logrado varias alianzas. Un bloque de indígenas defensores de la ley de intangibilidad del TIPNIS fueron los primeros en sumarse; se declaró asimismo una alianza con las poblaciones de Batallas y Huarina, donde también hay inconformidad por la gestión estatal. También se conoció que la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) decidió sumarse “al bloque” Achacachi-TIPNIS. Como quinto aliado se ha sumado el Magisterio Urbano de La Paz. “Los pueblos (…) acordamos realizar una hermandad por la vida y contra el totalitarismo, con el propósito de combatir, de frente, con coraje, orgullo y determinación al gobierno de Evo Morales Ayma”, se lee en el acuerdo suscrito.
El gran riesgo de esta creciente ola no se plantea en la posible sumatoria de las diversas minorías inconformes que puedan sumar fuerzas a la marcha de las mujeres de Achacachi. El riesgo mayor es que se logre un “contagio” de la disconformidad por la mala gestión local y se pida, en cascada, la revocatoria de mandato de los numerosos alcaldes masistas que han perdido credibilidad en su gestión. Eso lo sabe el Gobierno y por ello, a regañadientes, no puede aceptar la salida de Édgar Ramos.
