Para el Gobierno, el expresidente Carlos Mesa continúa con su labor al frente de la explicación de los argumentos jurídicos e históricos de la demanda marítima contra Chile, aunque de decidir ir a la candidatura presidencial debiera dejar el cargo. Además aclaró que su labor es de portavoz y no de representante de la causa tramitada en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Mesa es contrario a la repostulación del presidente Evo Morales y participó el miércoles en la plaza San Francisco, en el centro de la ciudad de La Paz, de la movilización que exigió el respeto a los resultados del 21F, cuando la mayoría de los bolivianos rechazó modificar la Constitución Política del Estado para habilitar al mandatario a las elecciones de 2019.
“Don Carlos Mesa tiene todo el derecho de ser candidato a la presidencia, vicepresidencia, al cargo que él quiera, estamos en un país absolutamente democrático. Y obviamente, cuando él lo decida, lo correcto sería que se de un paso al costado, eso depende de él. El gobierno lo mantiene (como portavoz) y respeta”, insistió Arce en una entrevista en PAT.
Durante una entrevista, en el mismo medio televisivo, el también periodista y escritor descartó el martes que en sus planes esté una candidatura a la presidencia a pesar de que diferentes encuestas lo ubican como un potencial adversario de Morales y en mejores condiciones de apoyo entre eventuales candidaturas de oposición.
Arce aclaró que el exmandatario no es un representante de la causa como se pretende hacer ver sino, justamente un portavoz para explicar los argumentos de la demanda boliviana frente a la campaña chilena para socializar sus argumentos.
La administración boliviana planteó la demanda para que se obligue a Chile a cumplir con sus compromisos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al Pacífico, aunque las autoridades de Santiago rechazaron que las conversaciones generen obligaciones jurídicas y negaron cualquier posibilidad de ceder territorio.
El oficialismo recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se declare la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley Electoral y la inaplicabilidad de cuatro de la Constitución Política del Estado por vulnerar el Pacto de San José de Costa Rica al limitar el derecho a ser elegido de las autoridades electas, como Morales.
