La comisión legislativa que investiga el proceso de Privatización y Capitalización que hubo entre 1985 y 2005 concluyó, entre otras cosas, que Bolivia perdió al menos $us 10.000 millones por la enajenación de 212 empresas públicas.
La Comisión Especial Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional hace las últimas revisiones al informe final sobre el caso; el documento será presentado a fin de mes al pleno. En caso de hallar responsabilidad en alguna exautoridad, se pedirá la aprobación de proposiciones acusatorias para un juicio de responsabilidades, informó el diputado Javier Zavaleta (MAS), miembro de la comisión mixta.
“Entre las conclusiones del informe se determinará el daño económico al Estado boliviano; esta cifra ronda los 10.000 millones de dólares como perjuicio”, manifestó el legislador oficialista.
Zavaleta detalló que la evaluación del daño económico es uno de los tres aspectos que contemplan las conclusiones de la investigación. Los otros dos elementos están referidos a los efectos de la capitalización, en términos políticos y sociales; y a la evaluación jurídica de las irregularidades detectadas en los precedimientos.
“En ese caso, se determinará si se pueden tipificar los delitos y si así fuera se presentará las proposiciones acusatorias contra los responsables”, agregó Zavaleta.
En febrero de 2015, el Órgano Legislativo aprobó conformar la comisión especial con la participación de las tres fuerzas políticas con representación parlamentaria. Junto con Zavaleta también se designó al senador Rubén Medinaceli y a las diputadas Romina Pérez y Susana Rivero, por el Movimiento Al Socialismo (MAS); el senador Arturo Murillo representa a Unidad Demócrata (UD) y la diputada Giovanna Jordán, al Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En la oportunidad, el presidente nato de la Asamblea, Álvaro García, pidió que encuentren a los responsables de los casos de privatización y capitalización; garantizó, además, un mejor sistema de información e investigación para que pueda tener “una lista de acusaciones”.
La actual pesquisa es la continuidad de una investigación que comenzó en el periodo legislativo 2010-2015, cuando se conformó la primera comisión mixta para indagar la enajenación de entidades públicas. Este equipo elaboró un informe de 600 páginas, que contiene casos entre 1990 y 1992, de 1993 a 1997 y de 1999 a 2001.
En ese marco, en enero de 2015 se aprobó proposiciones acusatorias contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el exministro de Planeamiento Samuel Doria Medina, además de otras 11 exautoridades, a quienes se responsabilizó por daño económico al Estado, por la privatización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y por el proyecto de Formación de Capital en Áreas Secundarias (Focas). En el primer caso, se fijó un perjuicio por $us 16 millones; respecto a Focas, proyecto de transferencia de recursos públicos a una fundación, se estableció un daño de $us 13 millones.
Así, García solicitó a la nueva comisión del Legislativo que recoja todo el material trabajado por la anterior y halle a otros responsables de lo ocurrido en el denominado “periodo neoliberal”.
La comisión concluyó su trabajo después de casi tres años, tras investigar siete periodos gubernamentales, entre 1985 y 2005.
Desde 2015, la comisión especial compiló información de las administraciones de Víctor Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, Jaime Paz Zamora, Hugo Banzer Suárez, además de dos gobiernos de sucesión constitucional: Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Se sistematizó la información para establecer las acciones que efectuaron expresidentes, exministros y exfuncionarios durante la capitalización.
El presente informe, que será aprobado a fin de mes, consta de 3.000 páginas y está dividido en 11 capítulos, que son revisados y aprobados de forma paulatina por los miembros de la comisión.
“De manera preliminar, estamos hablando de 212 empresas investigadas, de las cuales 154 han sido enajenadas entre 1985 y 2005. En ese marco, hemos identificado alrededor de 50 personas que han actuado a través de redes de poder, ancladas en vínculos familiares, empresariales y políticos, para favorecerse de la adjudicación de varias empresas”, dijo Zavaleta.
El legislador agregó que esas personas están plenamente identificadas y es probable que algunas sean pasibles a un proceso penal; no obstante, evitó dar nombres y delitos, debido a que esa información aún está siendo trabajada y no se descarta incluir a más gente.
La mayor parte de los investigados son exministros, además de expresidentes que estuvieron involucrados en la firma de decretos y algunas resoluciones “irregulares”.
Una vez que se presente este informe ante el pleno de la Asamblea, la comisión especial podrá sugerir el inicio de procesos penales a determinadas personas. Si el Legislativo, controlado por el MAS, lo autoriza, se redactarán proposiciones acusatorias contra los responsables para remitir obrados al Ministerio Público y así iniciar causas penales, como en 2015.
Por su parte, el senador opositor Arturo Murillo (UD), sostuvo que este proceso tuvo una “alta carga política” y solo busca “perseguir” a líderes de la oposición.
“Todo el tiempo que funcionó la comisión, lo único que se ha hecho es buscar culpables y no así determinar alternativas para recuperar recursos económicos. Tampoco se hizo un análisis de los motivos por los que se capitalizó determinada entidad, porque habían empresas que estaban perdiendo millones de dólares; entonces, había que dar una solución”, argumentó.
