En semanas pasadas algunos medios de prensa y exautoridades de administraciones anteriores pusieron en la mesa del debate nacional el déficit fiscal con un evidente deseo de generar un clima de intranquilidad. En sus interpretaciones se estaría gastando demasiado, los retornos de los gastos serían dudosos, y se estarían agotando los recursos de las reservas internacionales y presionando la deuda para complacer a los apetitos fiscales del Gobierno. Esta mirada simplista del déficit fiscal no puede sino ser discutida a profundidad, puesto que es inapropiado evaluar la política fiscal con base en un único indicador, sin analizar la composición de ingresos y gastos, el tipo de financiamiento y, peor aún, sin comprender su temporalidad.
En primer lugar es importante aclarar que el ahorro fiscal generado por el sector público entre 2006 y 2016 fue en promedio de un 13,1% del PIB. El ahorro fiscal es la diferencia entre los ingresos y los gastos corrientes. Incluso el ahorro del Gobierno se dio en los últimos tres años de déficit fiscal, donde el balance corriente representó 12,2% del PIB en promedio. ¿Por qué entonces si hay ahorro existe déficit fiscal?
El ahorro del sector público es utilizado para financiar la mayor parte de la inversión pública, pero no la totalidad. He ahí la explicación de los déficits fiscales. La inversión pública, a diferencia del gasto corriente, tiene un impacto diferente en la economía. El primero aumenta la capacidad de producir más bienes y servicios, contribuye a mejorar la productividad del sector privado con mayor infraestructura física, y a incrementar la generación de valor agregado a nuestras exportaciones. En cambio el gasto corriente se destina a la administración pública para garantizar su funcionamiento.
Gracias al impulso de la inversión pública logramos pasar de una tasa de inversión de 14% del PIB en 2006 al promedio de América del Sur de 20% en 2016, y esta es la variable que nos mantiene en los primeros lugares del ranking de crecimiento económico de la región. Pero fuera de los efectos virtuosos que tiene la inversión en el crecimiento, queda pendiente la explicación de su sostenibilidad en las cuentas públicas.
La sostenibilidad fiscal es una discusión de mediano y largo plazo, y no de corto plazo como confusamente se malinterpreta. Cuando se financian gastos de inversión, la posición neta deudora del sector público no se ve afectada en el largo plazo, porque esos recursos generan retornos. Está por demás demostrar como ejemplo que la planta de urea generará $us 233 millones de ingresos anuales estimados, sobre una inversión total de $us 943 millones. Es decir, en pocos años las inversiones serán más que compensadas por los nuevos ingresos fiscales que se generen.
El financiamiento de la inversión pública está respaldado, como ya se mencionó respecto al ahorro fiscal actual y los saldos acumulados en gestiones pasadas. Es por esta razón que el aumento de la deuda ha sido bastante moderado en los últimos años, llegando a cerca del 22% del PIB, con un margen amplio de endeudamiento hacia adelante, y donde las reservas internacionales se mantienen en niveles elevados (28% del PIB), y cuyo uso está dirigido exclusivamente a los megaproyectos productivos con retorno asegurado.
Además, el déficit fiscal explicado por la inversión pública tiene un comportamiento claramente temporal hasta que se concluyan los grandes proyectos de industrialización en el país, y no tiene un carácter inflexible en el tiempo como el gasto corriente.
En el vocablo neoliberal existe una sola definición de déficit fiscal, sin distinguir entre gastos corrientes y capital, porque las inversiones fueron casi inexistentes. El déficit fiscal seguramente fue una preocupación en el pasado porque se tenía que recurrir a ayuda externa para cubrirlos, y esa histéresis muy probablemente aún persista en la mente de algunos economistas, pero lo que fue malo en el pasado no tiene por qué serlo hoy en día.
