Mientras un tribunal, el de la Liga, castiga con dos años de suspensión —que no es poca cosa—, otro, el de la Federación, deja sin efecto esa sanción y además con una fuerte llamada de atención. Es demasiada la diferencia entre ambas determinaciones, lo que abre una interrogante gigante: ¿qué está pasando con la justicia deportiva en el fútbol boliviano?
El bullado caso que involucra al exentrenador de The Strongest, el venezolano César Farías, no ha terminado aún. El Tribunal de Disciplina Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no solo revocó el fallo del Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) de la Liga sino que le ha ordenado que lo analice de nuevo y esta vez emita una sentencia mediante una “correcta aplicación de la norma”.
No puede pasar por alto, entonces, el tremendo jalón de orejas del tribunal de alzada a su inferior, porque no solo ha procedido a anular un fallo sino que ha puesto en tela de juicio los actos de quienes tomaron la decisión en primera instancia.
La resolución solicita “dictar nueva sentencia, valorando de manera fundamentada, idónea, ecuánime y correctamente los hechos, las pruebas para determinar en justicia una correcta interpretación y aplicación de la norma que haga al hecho que se juzga y sea en forma perentoria”.
En otras palabras, el tribunal de la FBF le exige al de la Liga que haga bien su trabajo; asimismo, le endilga una serie de errores dentro del procedimiento que mínimamente dan a entender una falta de conocimiento de los códigos.
Los argumentos que exhibe el tribunal federativo dan cuenta, incluso, de que el caso ni siquiera fue tipificado como corresponde.
El trabajo que lleva adelante el TJD de la Liga no es gratuito, la Liga paga por esos servicios y, entonces, mínimamente su obligación es exigir a cambio una labor que sea garantizada y segura.
