A propósito de la presidencia pro témpore de Unasur que próximamente asumirá Bolivia, es pertinente reflexionar sobre las ventajas y desventajas del carácter intergubernamental de este organismo en el que sus Estados miembros piensan la integración desde sus constituciones soberanas, sin resignarlas en favor de un cometido más amplio. Esto está expresando en su objetivo general, que postula propósitos de unidad, pero condicionados a una estructura que respeta “el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados”.
En la teoría y en la práctica, uno de los pilares de la integración es la supranacionalidad, que Pescatore define bien indicando que es “una autonomía de poder y de acción al servicio de los intereses y de los objetivos comunes a varios Estados”. El concepto refleja con claridad la existencia de una estructura regional técnica-política representativa y decisoria; el carácter vinculante de las decisiones de esta estructura guiándose por jurisprudencias comunitarias; su funcionalidad garante de la unidad guardando coherencia con fines compartidos por los Estados miembros; y la voluntad política para trabajar en comunidad con lealtades.
Como todo proceso integracionista, una estructura supranacional no está dada, sino que se construye, estratégica, pragmática y cotidianamente, conciliando intereses nacionales con espacios ampliados (comunidad) hechos en el encuentro de objetivos compartidos, y en la articulación de imaginarios comunes entre Estados que ceden una parte de sus soberanías para superar progresivamente las fronteras y barreras que los individualizan.
Los dos casos más representativos de esta corriente son la Unión Europea y la Comunidad Andina, surgidos en un momento de la historia en el que la aspiración integracionista buscaba la unión regionalizada de países. En su acomodo posterior a la globalización que hace convivir paradójicamente esquemas aperturistas con proteccionistas y procesos de mundialización alimentando lo local, tanto la UE como la CAN se convierten en estructuras combinadas de espacios de decisión supranacional e intergubernamental, con Secretarías Generales que tienen potestad comunitaria de representación, atribuciones que las hacen garantes de los acuerdos, y depositarias de confianza para generar decisiones vinculantes que operan complementando y enriqueciendo las políticas nacionales.
Unasur es reflejo del funcionamiento de esquemas estrictamente intergubernamentales, en los que los ensimismamientos de políticas nacionales anilladas a posiciones diferenciadas y polarizadas entre los Estados acaban disminuyendo el dinamismo de las voluntades convergentes. Las indefiniciones en procesos donde todo se decide por consenso paralogizan las estructuras y los propósitos integracionistas, como ocurre desde hacen ya largos meses sin la elección de un/a Secretario/a General.
Este es un tema de resolución urgente y una oportunidad para repensar las competencias del/a Secretario/a General de Unasur que además de ser limitadas para su investidura, dependen de las estructuras gubernamentales expresadas en Consejos que empezando en su cúspide ancha con el Consejo Presidencial, se van comprimiendo en Consejos Ministeriales y un Consejo de Delegados que aprisionan sus acciones y sus capacidades de decisión.
La experiencia tiene que servir para encontrar fórmulas que demuestren que la soberanía comunitaria, compartida y convergente no reduce las de los Estados, sino que aporta a la integración. Para no frenarse ni bajar ritmo en una historia que no espera, Unasur necesita avanzar, urgente, hacia niveles de institucionalidad supranacional.
