Ante la afirmación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de que la Fiscalía no solicitó la detención preventiva de Diego Nicolás Marset Alba, hermano del “narco” Sebastián Enrique Marset Cabrera, tras su aprehensión por el intento de suplantar la identidad de otra persona con documentación falsa, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, señaló este lunes que la fiscal asignada al caso en su momento actuó conforme a la ley.
Indicó que hasta ese momento no había antecedentes contra esta persona. Mencionó que era un caso más de los muchos que llegan del Servicio General de Identificación Personal (Segip), el Servicio de Registro Cívico (Serecí) y Migración, que emiten la documentación a bolivianos y extranjeros.
“El proceder de la fiscal ha sido en base al informe que se ha podido hacer llegar por parte de las mismas, cumpliendo al procedimiento que establece la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código de Procedimiento Penal”.
Diego Alba Marset fue aprehendido el 11 de agosto de 2022; cuando se apersonó al Segip y con un documento falso intentó obtener una cédula de identidad.
Lea más: A 16 días de su fuga, la búsqueda de Sebastián Marset se concentra solo en números
“En este caso la Fiscalía no solicitó la detención preventiva, no solicitó acogerse a un procedimiento, no hizo los requerimientos para poder ver cuál era el flujo, para poder verificar que la información que estaba dando de otro ciudadano brasileño no le correspondía a Diego Marset Alba”, objetó Del Castillo el domingo, en conferencia de prensa.
El ministro reiteró que la fiscal no solicitó la detención preventiva de esta persona y no verificó que la documentación que estaba presentando en ese momento Marset Alba correspondía al nombre de Thiago Roshindo Da Silva. “Con la información falsa solo no solicita la detención preventiva y solo pide que se le dé una fianza de Bs 5.000”.
Procedimiento
El fiscal departamental remarcó que el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal habla de la detención preventiva y en uno de sus numerales habla de ciertos tipos penales que no proceden para esta medida.
Dijo que la fiscal dio cumplimiento a lo que establece el procedimiento. Reiteró que hasta ese momento, Alba Marset era un ciudadano más, como muchos; que fueron procesados por querer adquirir un documento “fraguado” ante una institución.
“En fecha 11 de agosto, se emitió siete requerimientos fiscales por parte de la fiscal asignada al caso, que son recibidos por los policías asignados al caso dentro este proceso. (Estos) estaban dirigidos al Segip, el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), el Serecí, Consulado de Brasil, Interpol, Consejo de Magistratura y otra vez Segip”.
Agregó que estos requerimientos fueron recibidos por el policía asignado al caso y conforme al cuaderno de investigación, nunca llegaron a dicho cuaderno.
