Después de 14 años de la masacre de octubre de 2003, el juicio civil de indemnización contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín está en la recta final; ocho familias los demandan en Estados Unidos.
Más de 60 personas murieron por impacto de bala y otras 500 resultaron con heridas de distinta gravedad durante las dos semanas de enfrentamiento entre ciudadanos y militares, en El Alto y La Paz. El movimiento popular se organizó en rechazo al plan de Sánchez de Lozada de vender Gas Natural Licuado (GNL) a Estados Unidos vía puertos de Chile.
Las protestas, que empezaron con hechos aislados, como el rechazo a un impuesto en El Alto o la detención de un dirigente campesino, pronto escalaron en radicalidad debido a la violenta respuesta del Estado; al final, mineros, campesinos, indígenas y clase media confluyeron en la demanda de renuncia del Presidente.
“Asesinatos extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad y homicidios culposos” son los delitos por los que familias de ocho víctimas acusan a las dos exautoridades que huyeron a Estados Unidos. Hoy, Goni reside junto a su familia en Maryland y es propietario de empresas en ese país; y Sánchez Berzaín vive en Florida.
“Llegamos a la etapa final, estamos camino a un juicio con un jurado; tenemos más que suficientes pruebas para llegar ante un jurado, eso tendrá que decidir el juez”, dijo a La Razón Beth Stephens, jurista cooperante con el Centro para los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), que lleva el caso.
Recordó que la acción civil, admitida en 2013, concluyó con la etapa de “descubrimiento”, en agosto, con la presentación de los últimos alegatos por las partes y la declaración de testigos.
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(17/10/2017)
