El abogado Antonio Claudio Mariz, quien actuó hasta ahora en la defensa del presidente brasileño, Michel Temer, acusado de corrupción, anunció hoy que dejará el caso por haber trabajado para uno de los acusadores del mandatario.
Mariz, amigo personal de Temer desde hace cuatro décadas, decidió abandonar el caso un día después de que la Corte Suprema remitió al Congreso la denuncia por corrupción que afecta al gobernante, a fin de que se pronuncie sobre la posible apertura de un juicio penal.
El abogado, en declaraciones al canal de televisión Globo, alegó que enfrenta un «conflicto de intereses», pues hasta mediados del año pasado defendía también a Lucio Funaro, un agente financiero que está en prisión y acusó a Temer de incurrir en prácticas corruptas.
Mariz aclaró que permanecerá junto al mandatario en calidad de «asesor» jurídico, pero explicó que su actuación anterior en favor de Funaro le impide continuar al frente de la defensa.
Tras ese anuncio, el mandatario deberá nombrar a un nuevo abogado para hacer frente al proceso que se prevé que comenzará la semana próxima en la Cámara de Diputados, para decidir si se autoriza al Supremo a analizar la eventual apertura de un juicio penal en su contra.
Fuentes oficiales dijeron a Efe que el mandatario planea reunirse durante el fin de semana con Mariz y otros abogados que forman parte de su equipo, a fin nombrar un nuevo defensor para que lo represente en las audiencias que serán realizadas en la Cámara baja.
- El abogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, defensor del presidente Michel Temer, participa en una sesión en el Plenario de la Corte Suprema. Foto: EFE
Temer fue acusado por la Fiscalía General por supuestos delitos de obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, sobre la base de unos testimonios prestados por los dueños del grupo JBS en el marco de un acuerdo de cooperación judicial.
La Fiscalía se apoyó además en testimonios dados por Funaro, quien también señalo al mandatario de corrupción, aunque en su mayor parte sus acusaciones se refieren a hechos ocurridos antes del 12 de mayo del año pasado, cuando comenzó el juicio político que llevó a la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff.
Según la Constitución brasileña, un mandatario en ejercicio del poder sólo puede ser procesado penalmente con aval de la Cámara de Diputados y siempre y cuando se trate de supuestos delitos ocurridos durante su mandato.
Esas normas también establecen que aquellos hechos en que pueda haber incurrido un gobernante antes de asumir el cargo sólo podrán ser juzgados una vez que abandone el poder, lo que en el caso de Temer está previsto para el 1 de enero de 2019.
En junio pasado, la Fiscalía también acusó a Temer del delito de corrupción pasiva sobre la base de los testimonios del grupo JBS, pero la Cámara de Diputados, en la que el oficialismo mantiene una clara mayoría, negó la eventual apertura de un juicio. (22/09/2017)
