El Gobierno ratificó este miércoles la denuncia para el inicio de un juicio de responsabilidades contra seis magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que emitieron fallo por el caso Misiles Chinos, mientras que el expresidente Carlos Mesa espera la confirmación de su exclusión para apartarse del proceso.
El Comité del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados abrió la fase preparatoria del proceso con la comparecencia de las partes acusadoras.
La procuradora interina Erika Chávez ratificó la denuncia, mientras que el ministro de Defensa, que es también parte acusadora, pidió una reprogramación en razón a que atiende el envío de la ayuda humanitaria a México que la semana pasada se vio afectada por un fuerte terremoto.
“La denuncia la vamos a ratificar, lo mismo hará la Procuraduría y el Ministerio de Justicia. Es importante, porque se está dando celeridad. Es un proceso que tiene que sentar precedente”, dijo Ferreira.
Mesa, en cambio, espera la publicación del veredicto, que en principio lo vinculó con el caso, para fijar postura. “Se posterga la ratificación de denuncia de @carlosdmesag contra magistrados del #TSJ por fallo #MisilesChinos” (Sic), informó Diputados en Twitter.
El Órgano Legislativo comenzó hace dos semanas la investigación por el fallo emitido el 31 de agosto en el caso citado que fijó penas mínimas a militares acusados por la entrega de los misiles chinos de las Fuerzas Armadas (FFAA) a Estados Unidos en 2005.
Antonio Guido Campero Segovia, Jorge Isaac Von Borries Méndez, Rómulo Calle Mamani, Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, Rita Susana Nava Durán y Fidel Marcos Tordoya Rivas son los magistrados acusados por el Ejecutivo por los delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución.
“Se abre un periodo de prueba, donde lo primero que tiene que haber es una declaración de la parte denunciante donde puede ir a ratificar su denuncia o tal vez ampliar también”, explicó la secretaria del Comité y diputada oficialista, Betty Yañiquez (MAS). Luego acudirán los denunciados.
No obstante, Defensa insiste en procesar a los militares responsables de la entrega del armamento a Washington a través de la jurisdicción militar en el entendido de que se agotó la vía civil y rige el principio jurídico “non bis in ídem” que prohíbe el juzgamiento de una persona por el mismo delito.
“Estamos viendo los delitos mayores que no tienen prescripción. Estamos viendo el Código Penal Militar y el Código Procesal Militar para ver cómo podemos reiniciar las acciones contra los autores de la entrega de misiles”, desveló Ferreira este miércoles. (27/09/2017)
