El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucionales los tres artículos de la Ley General de la Coca referidos a las zonas legales de cultivo y que los cocaleros de los Yungas habían demandado porque amplían este beneficio a la zona del Chapare, en Cochabamba.
La dirigencia de la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), a través del legislador opositor Wilson Santamaría, y el también opositor Óscar Ortiz, por separado, presentaron recursos en demanda de la inconstitucionalidad de los artículos observados de la ley, que legalizó un total de 22.000 hectáreas en Bolivia.
Los artículos 15, 16 y 17 norman sobre las zonas autorizadas y no autorizadas de cultivos como la cantidad de hectáreas y fijan 14.300 hectáreas para la región tradicional de los Yungas, en el norte de La Paz, y 7.700 hectárteas para el Chapare, que es el bastión político del oficialismo.
A juicio del TCP, en la redacción de la normativa promulgada el 8 de marzo de 2017, “no se advierte” que los artículos impugnados vulneren el texto constitucional”. Por lo tanto, resuelve declarar la constitucionalidad de los mismos.
Parte de la ley 1008 de lucha contra el narcotráfico, que quedó anulada con la vigencia de la Ley General de la Coca, solo reconocía la legalidad de 12.000 hectáreas en la zona tradicional de los Yungas, mientras que consideraba ilegal y sujeta a erradicación los cultivos en el Chapare.
Los productores yungueños cuestionan que se legalice la coca que antes era considerada ilegal, aunque ya en el gobierno de Carlos Mesa se legisló sobre esta materia.
Para el oficialismo, el límite fijado de cultivos responde a la demanda legal de coca.
