El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que afecta un parágrafo de la Ley de Identidad de Género continúa levantando polémica. Quienes lo critican señalan que vulnera derechos y quienes lo respaldan indican que se respetó la Carta Magna.
Este tema fue abordado en el programa televisivo Piedra, papel y tinta, difundido por Cadena A, bajo la conducción de la directora de La Razón, Claudia Benavente, quien entrevistó a la feminista comunitaria Julieta Paredes y al asesor en la acción de inconstitucionalidad abstracta contra la norma, el abogado Franz Barrios.
El jueves, el Tribunal emitió la sentencia que declara inconstitucional un parágrafo del artículo 11 de la Ley 807, que dicta que “se permitirá a la persona ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales”. Veta los matrimonios y adopciones a trans, además de plantear el debate sobre la equidad de género en cuanto a la participación política de esta población.
De entrada, Paredes aclaró que las feministas critican la normativa en cuestión, ya que no hubo un debate para su aprobación. No obstante, dijo que este cuerpo legal no es solamente para los y las trans y que el recurso planteado por asambleístas opositores, a nombre de la Plataforma por la Vida, es plenamente conservador. “Con este fallo se niega derechos”.
Una ola de indignación, críticas y peticiones de aclaración sobre los alcances del dictamen sobrevino a la decisión del TCP, no solo de parte del colectivo LGBT (Lesbianas, Gais, Bisexuales y Trans), sino de activistas por los derechos humanos, autoridades gubernamentales, miembros del oficialismo y la oposición de la Asamblea Legislativa y entidades internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU). El beneplácito vino, sobre todo, de parte de quienes impulsaron la acción de inconstitucionalidad y de la Iglesia Católica.
Barrios remarcó que la Ley 807 creó falsas expectativas entre los LGBT, como la intención de obtener aval jurídico para matrimonios civiles y adopción de niños, puntos que chocan con la Constitución Política y el Código Civil, por ejemplo. “Nosotros defendemos la ley natural. Se anuló los efectos jurídicos de la Ley de Identidad de Género en los temas de bodas y adopciones”, reiteró.
Mientras que Paredes señaló que el perjuicio del fallo del TCP va más allá de las uniones civiles entre integrantes del colectivo LGBT. Al respecto, Barrios sostuvo que la sentencia ratifica la vigencia no absoluta de los derechos, y dejó en claro que cualquier cambio al dictamen requiere de una reforma de la Carta Magna.
