La segunda elección judicial en Bolivia está convocada para el 3 de diciembre y hasta el momento está garantiza la presencia de veedores internacionales de diferentes organismos, aunque se descartó la presencia de la Unión Europea y se está a la espera de una confirmación de la asistencia de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas informó de la presencia de veedores, pero aclaró que no dispone de la “nómina completa de quienes ya han aceptado” estar en las justas judiciales, en la que se elegirán a las máximas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Órgano Judicial.
“Sabemos que Unasur viene, también hay un anuncio, todavía no final, que viene la OEA. La Unión Europea, definitivamente, no viene por temas de presupuesto y programación pero sí vienen los organismos electorales de Sudamérica y también nos han anunciado que parte de los embajadores de la Unión Europea van a estar trabajando, haciendo un acompañamiento”, sostuvo.
Más de seis millones de bolivianos están habilitados para participar de las elecciones del 3 de diciembre, la segunda de este tipo. Ese día serán elegidos los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, del Tribunal Agroambiental y del control constitucional.
Como parte del cronograma electoral, ya fueron sorteados los jurados electorales y quienes no puedan cumplir con esa responsabilidad tienen hasta el viernes para excusarse.
Representaciones de diferentes organismos habitualmente participan como veedores de procesos electorales en Bolivia. Al final de su misión emiten un informe y recomendaciones de ser necesario.
“Creemos que vamos a tener un flujo importante de organizaciones y personas de alto nivel que van a acompañar este proceso electoral”, expresó Costas en una entrevista con Cadena A.
La nómina de candidatos fue aprobada en la Asamblea Plurinacional en función de las normas vigentes. La oposición cuestionó el proceso y se marginó de la votación.
En 2011 se realizó la primera elección de autoridades judiciales, quienes ahora son cuestionadas por una serie de irregularidades.
