La Oficina Anticorrupción argentina (OA), que depende del Gobierno de Mauricio Macri, pidió hoy elevar a juicio uno de los casos en los que está procesada la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obra pública.
La OA, que es querellante en el caso, pidió además al juez del caso, Julián Ercolini, la elevación a juicio de, entre otros, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López, ya detenidos por otras causas.
Para el organismo, integrado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, todos ellos formaron parte de una «asociación ilícita destinada a apoderarse ilegítimamente de fondos asignados a la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015».
Según informó la OA en un comunicado, la viuda del también expresidente Néstor Kichner (2003-2007) «continuó con las acciones de su antecesor», de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de «elevados recursos económicos».
«Que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional», añade el texto, en referencia al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, excolaborador de Kirchner y ya detenido desde hace un año y medio por otro caso de lavado.
La OA señaló que «Fernández mantuvo la estructura institucional que había montado Kirchner con distintas personas de su confianza, que fueron ubicadas en cargos estratégicos con injerencia directa en el manejo de la obra pública vial».
El organismo asegura que la exmandataria es «coautora de administración infiel agravada por haberse cometido en perjuicio de la administración pública, reiterada en 49 oportunidades, dado que participó en esa cantidad de contratos irregulares de obra pública vial en Santa Cruz», donde Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003.
En total, las adjudicaciones cuestionadas son 51, que totalizan un monto cercano a 46.000 millones de pesos (2.630 millones de dólares).
La pena de prisión prevista es de 50 años, la máxima del Código Penal.
El escrito afirma que en mayo de 2003, pocos días antes de que Kirchner asumiera la Presidencia, Báez constituyó la firma Austral Construcciones S.A. junto a sus socios Guido Blondeau y Sergio Gotti.
«Como segundo paso para efectivizar el plan delictivo, Kirchner montó una estructura institucional con distintas personas de su confianza», mientras que tras asumir la Presidencia, en 2007, Fernández «mantuvo esa estructura clave de poder».
«Los procesos licitatorios de las obras se caracterizaron por la presencia de múltiples irregularidades que, en definitiva, no hacen más que demostrar que el propósito final de todo este proceso era favorecer a las empresas de Báez», concluye la OA.
Fernández, que reitera que se siente víctima de una persecución política, tiene varias acusaciones de la Fiscalía y abiertos tres procesamientos judiciales por hechos ocurridos durante su mandato.
El primero se debe a supuestas irregularidades en contratos de futuros de dólar por parte del Banco Central -que ya fue elevado a juicio en marzo de este año- y los otros dos por presunta asociación ilícita en la concesión de obra pública. (17/11/2017)
