En otro tiempo, un escándalo como el que acaba de destaparse en los controles antidopaje en el fútbol boliviano hubiera hecho rodar varias cabezas, como mínimo.
Después de que surgiera la denuncia sobre la ausencia de controles en los torneos de la Liga durante gran parte de este año, no solo no ha habido una explicación convincente como para rebatirla, sino que se ha llegado a asegurar —como supuesta prueba de que sí se cumple con el procedimiento— la existencia de “unos cuantos” casos positivos “confidenciales”, cuyos datos nunca fueron revelados tapando la identidad de los dopados y encubriendo la falta que habrían cometido.
No es poca cosa la que se ha conocido: en febrero de este año el laboratorio de Colombia que se hacía cargo de analizar las muestras del fútbol boliviano perdió su licencia. Según la denuncia, desde entonces, durante meses las muestras eran tomadas y los clubes pagaban por el servicio antidopaje, pero la orina no iba a ninguna parte.
Según el presidente de la Liga, Carlos Ribera, después se tuvo que apelar a un laboratorio de Estados Unidos y cuando éste también fue sancionado por la Asociación Mundial Antidopaje (AMA), hubo que dirigir los pasos hacia Cuba. Todo ese movimiento increíblemente sin que los clubes supieran nada.
Acosado por una mínima parte del periodismo que se atrevió a indagar más sobre el asunto, Ribera llegó a decir que hubo casos positivos, pero que los mismos fueron manejados en la más absoluta reserva, lo que no sucede en ninguna parte del mundo.
Así transcurre el asunto, a vista y paciencia de la mayoría de los clubes que no mueven ni un dedo en procura de saber qué fue realmente lo que pasó, un silencio cómplice que hace pensar —inevitablemente— que es más fuerte la forma cómo se manejan, con esas componendas con fines netamente políticos.
