El ente rector de las universidades de Nicaragua canceló este jueves la licencia a la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), cuyos bienes fueron confiscados por un tribunal, y la sustituyó por un centro de estudios estatal.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) detalló que «para garantizar la continuidad educativa de los estudiantes de grado y de posgrado; aprobó la creación de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro» y nombró a sus máximas autoridades.
El CNU indicó en un comunicado que también canceló «la autorización de funcionamiento» de la institución «en correspondencia a las disposiciones del Estado nicaragüense».
La universidad jesuita anunció el miércoles la suspensión de todas sus actividades luego de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un «centro de terrorismo».
«Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales», dijo la UCA en una nota, en alusión a las protestas de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega que dejaron más de 300 muertos.
EEUU condena nacionalización de universidad jesuita
Estados Unidos condenó este jueves la confiscación a través del portavoz del departamento de Estado, Vedant Patel, quien indicó que la medida·tomada por Ortega «representa una mayor erosión de las normas democráticas y una asfixia del espacio cívico».
En tanto, la jefatura provincial centroamericana de la Compañía de Jesús consideró «totalmente falsas e infundadas» las acusaciones contra la UCA y solicitó a Managua revertir «la drástica, inesperada e injusta medida».
«Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario», aseguró la organización jesuita con sede en San Salvador en un comunicado.
El gobierno de Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia católica.
El obispo Rolando Álvarez está preso desde agosto de 2022 condenado en febrero a 26 años de cárcel por menoscabar la integridad nacional, entre otros cargos, y al menos otros dos sacerdotes están encarcelados.
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