El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador fijó para el próximo 4 de febrero la polémica consulta popular decretada por el mandatario Lenín Moreno en un nuevo desafío al expresidente Rafael Correa, convertido ahora en su principal opositor.
El referendo, de siete preguntas, plantea entre otras cosas suprimir la reelección presidencial indefinida aprobada por Correa y reestructurar el órgano creado por el exmandatario para designar a autoridades de control.
El CNE hizo el anuncio tras la decisión de Moreno de convocar la consulta mediante decreto, sin esperar el dictamen de la Corte Constitucional, alegando que había vencido el plazo de 20 días para que se pronunciara si aceptaba o no la votación y sus siete preguntas.
La decisión de Moreno provocó una airada respuesta de los ‘correístas’, que la calificaron de «golpe de estado» y pidieron a la Corte Constitucional, que tenía previsto emitir el dictamen la próxima semana, la anulación del decreto.
«Una vez que se ha declarado el período electoral y se ha aprobado la convocatoria a las elecciones, nada ni nadie las puede detener», advirtió la presidenta del CNE, Nubia Villacís.
«Todas las demás funciones del estado se ponen al servicio de la democracia», agregó.
Según el cronograma aprobado en el pleno del CNE, la consulta, para la que están llamados a las urnas unos 13 millones de ecuatorianos, se convocará oficialmente el 7 de diciembre y costará unos 50 millones de dólares.
El CNE anunció además que invitará a la Unión Europea «para que participe como observadora internacional».
La consulta popular tensa todavía más la abierta pelea entre Moreno y su antecesor Correa, que empezó con un cruce de críticas y reproches poco después del cambio de mando en mayo y escaló hasta dejar fracturado, entre ‘morenistas’ y ‘correístas’, a Alianza País, el poderoso movimiento que gobierna Ecuador desde 2007.
Para el politólogo Simón Pachano, podría servirle a Moreno, que ganó las elecciones por estrecho margen, para afianzarse en el poder y decantar a su favor la pugna con el correismo.
«Es muy importante para Moreno ganar la consulta. Pero si pierde esta pregunta de la reelección indefinida sería un golpe muy duro», explicó a AFP el profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
El exmandatario acusa a Moreno, que fue su vicepresidente entre 2007 y 2013, de «traición» y de haberse aliado con la oposición para, con esta consulta, destruirle políticamente y desmontar su legado.
De eliminarse la reelección indefinida, aprobada en 2015 por el oficialismo, quedaría bloqueada una eventual candidatura de Correa para las presidenciales de 2021.
El exmandatario también es muy crítico con la pregunta que plantea cesar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, órgano creado por él para nombrar autoridades de control y electorales.
Otra pregunta busca inhabilitar a los políticos condenados por corrupción, en momentos en que el vicepresidente Jorge Glas, el gran aliado de Correa, está siendo procesado por asociación ilícita en el caso de los millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
Glas, en prisión preventiva, y Correa acusan a Moreno, que al llegar al poder prometió una «cirugía mayor contra los corruptos», de seguir los dictados de la oposición para desprestigiar el legado del ‘correismo’ en nombre de la lucha anticorrupción.
El exmandatario visitó este viernes a Glas durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), e insistió en que el vicepresidente, despojado de sus funciones por Moreno, está «injustamente detenido».
Otras preguntas de la consulta plantean la eliminación de la ley que imponía impuestos a la especulación inmobiliaria, reducir el área de explotación petrolera en la reserva amazónica protegida del Yasuní o restringir la minería en áreas protegidas.
Planteado hace meses por Moreno, el referendo fue un motivo más de fractura en AP, donde ambos bandos han nombrado sus propios presidentes y directivas, sin que por ahora haya habido ninguna escisión.
Los ‘correístas’ han convocado a una Convención Nacional para el domingo, a la que asistirá Correa, pero desconocida por los ‘morenistas’ y el CNE.
La entidad encargada de dirimir las disputas en el seno del movimiento es el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que deberá pronunciarse en las próximas semanas.
