Las calles estarán sin el tráfico desquiciante de todos los días, incluso los domingos. Los colegios se llenarán de adultos que, a regañadientes o no, irán a cumplir un deber cívico. En las calles, los puestos de helados, sándwiches y golosinas. Hoy votamos.
A fuerza de repetirse ritualmente, los procesos electorales han ido perdiendo la emoción que tenían cuando eran fruto de una larga resistencia a la dictadura. Recuerdo ir con mis padres a verlos votar apenas recuperada la democracia. Recuerdo el desafío y el orgullo con el que mis vecinos se mostraban unos a otros su dedo entintado, símbolo de un derecho recuperado que no se dejaría conculcar de nuevo.
Y hoy nos dicen que la forma de expresar descontento es pifiar nuestro voto. Y hoy los chicos, quienes nunca tuvieron que poner colchones en las ventanas de sus casas para evitar las balas perdidas, discuten por redes sociales las formas más creativas de votar nulo. Y hoy quieren hacernos creer que las elecciones judiciales son un referéndum de apoyo o rechazo al proceso de cambio. Y no lo son.
Las elecciones judiciales son una forma de elegir a las autoridades que van a tener la potestad de administrar, y ojalá transformar, el malhadado sistema de justicia boliviano. No hay nada oscuro ni torcido en que, así como elegimos autoridades legislativas o ejecutivas, elijamos autoridades judiciales. Está escrito en la Constitución (que ahora todos defienden, cuando pelearon como fieras para evitar que se apruebe). Forma parte del modelo de democracia que, como sociedad, hemos adoptado. Es nuestro derecho: elegir a quienes nos gobiernan desde cualquiera de los órganos del Estado.
Hay quienes afirman que el proceso está viciado porque los postulantes no fueron seleccionados de forma transparente. Y como prueba de ese vicio muestran que algunos de los postulantes trabajaron en instancias del Estado. ¿Y dónde más van a trabajar los profesionales en derecho para acumular experiencia en el ejercicio del servicio público? ¿Desde cuándo es delito ejercer tu profesión en una instancia estatal? ¿Por qué tendría que inhabilitarte moralmente el haber trabajado en el Estado antes de postularte para un trabajo en el Estado?
En todo caso, independientemente de que votemos o no por ellos, deberíamos agradecer a cada uno de los postulantes por poner su nombre, su rostro y su trayectoria sobre la mesa (o, para ser más exactos, sobre la papeleta). Así como nosotros ejercemos nuestro derecho a elegir, ellos están ejerciendo su derecho a ser elegidos, y eso merece respeto. Solo por hacerlo, muchos se han visto cuestionados, escudriñados, acusados y tachados con todo tipo de epítetos. ¿En qué otra profesión o rama uno debe someterse al juicio popular para ascender en su carrera? ¿Qué tiene de malo, en sí mismo, postular a un cargo público?
Es cierto que varios de los magistrados por los que votamos hace cinco años no han estado a la altura del cargo para el que fueron elegidos. Pero eso no significa automáticamente que los que postulan ahora cometerán los mismos errores, o delitos. Demos a estos nuevos postulantes el mínimo beneficio de la duda: votemos.
Anular el voto es perder la posibilidad de demandar a los electos un cumplimiento cabal de su servicio. Anular el voto es autoexcluirse del proceso democrático. Anular el voto es menospreciar el sacrificio de todos los que lucharon, sufrieron y murieron por recuperar el derecho a que hoy votemos.
