Por las nacionalizaciones de Vinto y Colquiri, la transnacional Glencore exige a Bolivia una compensación de $us 675 millones, una cifra que el Gobierno consideró “exorbitante” y que se basa en informes “arbitrariamente inflados”. La oposición advierte que el pago a la suiza subirá a $us 700 millones con los intereses que se sumen hasta diciembre.
Glencore demandó al país del 15 de agosto de este año por la estatización de las plantas de fundición de estaño en febrero de 2007 y antimonio en mayo de 2010 en Vinto y el Centro Minero de Colquiri en junio 2012.
“Del exorbitante monto reclamado, US$227 millones (más del 33%) están referidos exclusivamente a intereses calculados de forma errónea e incluye la fundición de antimonio de Vinto como chatarra, esto último, una pequeña muestra de la magnitud del grave perjuicio causado a Bolivia por el proceso de privatización/capitalización del periodo neoliberal”, reclama la Procuraduría General del Estado en una nota institucional.
Hasta este jueves no estaba clara la cifra de la demanda instalada por la transnacional contra el país suramericano ante la Corte Permanente de Arbitraje cuyo caso tratará el tribunal arbitral compuesto por su presidente Ricardo Ramírez Hernández, además de John Y. Gotanda y Philippe Sands.
Pero fueron legisladores de la alianza opositora Unidad Demócrata (UD) quienes más temprano denunciaron que Bolivia podría llegar a pagar $us 700 millones por esta reversión de capitalizadas.
Así lo confirmó el diputado Amílcar Barral en una conferencia de prensa que dictó junto con su colega Lourdes Millares.
“La famosa nacionalización de algunas empresas solamente ha sido un tema político y un show del Gobierno, ahora los bolivianos vamos a pagar más de $us 700 millones por cómo se ha nacionalizado Colquiri y Vinto. Sabemos que Glencore tiene mucha ventaja”, denunció el primero.
No obstante, la Procuraduría anunció una sólida defensa a través de un equipo de juristas nacional y la firma internacional de abogados Dechert LLP que defenderán la postura de que la firma Glencore adquirió las dos plantas de forma irregular entre 2005 y 2006.
“Mediante nuestra defensa, podremos demostrar el abuso del derecho por parte de Glencore, empresa que pretende extender indebidamente la protección que los tratados bilaterales ofrecen a inversionistas extranjeros a activos ilícitamente adquiridos por un nacional boliviano”, señaló el procurador Pablo Menacho.
Segun datos de su despacho, los tres activos fueron enajenados ilícitamente a fines de los noventa, por el Gobierno de Hugo Banzer Suárez y traspasados a compañías mineras de propiedad del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada (COMSUR). (07/12/2017)
