El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucional la Ley municipal 233 de Fiscalización Técnica Territorial —cuya ejecución generó una serie de movilizaciones y protestas de un bloque de vecinos— y, así, falló en contra del recurso presentado por el concejal opositor Jorge Silva que impugnó la norma.
“Ayer hemos tomado conocimiento de la sentencia constitucional 082/2017 del TCP. Esta sentencia ha declarado la constitucionalidad de la Ley 233 y la improcedencia frente a la falta de argumentos de la acción que presentó el concejal Silva”, indicó este viernes el director Jurídico edil, Fernando Velásquez, en una conferencia de prensa.
Silva, del Movimiento Al Socialismo (partido que administra el gobierno central), acudió al TCP en junio de este año para pedir que el tribunal declare inconstitucional la norma por vulnerar, aseguró, el principio de no ser procesado dos veces por el mismo hecho, el derecho a la reserva y privacidad de información personal y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, entre otros aspectos. La demanda fue admitida en agosto y el jueves se emitió el fallo.
La Municipalidad paceña que administra el alcalde Luis Revilla de la agrupación Soberanía y Libertad (Sol.bo) defendió, en medio de las movilizaciones lideradas por el dirigente vecinal Jesus Vera cuyo bloque es afín al MAS, la pertinencia de la ley.
Ratificaron que su sentido es sancionar a los loteadores de espacios públicos y de equipamiento, propiedades municipales, aires de rio y aquellos que construyen grandes edificios sin permisos.
- Vecinos bloquean en la zona de Pampahasi el martes 11 de julio de 2017. Foto: Ángel Guarachi
“Queda claro que el Municipio ha procedido conforme a derecho y que la ley va ser plenamente vigente con su reglamentación señalando claramente de que esto no afecta a las vivienda sociales, como lo ha aclarado el alcalde (Luis Revilla), y que no excedan las cuatro plantas”, precisó Velázquez.
“Por su puesto la ley va ser aplicada plenamente”, ratificó este viernes, tras calificar a Vera de alentar las protestas bajo intereses políticos. De hecho, Vera impulsa un pedido de revocatorio que Revilla denunció como un nuevo intento de desestabilizar su gobierno.
Silva había admitido en una anterior oportunidad que Vera “es militante del proceso de cambio“, un paradigma que propugna el MAS. (08/12/2017)
