La segunda Acción Popular en contra de la huelga indefinida de los médicos del país y que es alentada por el Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, está en trámite en la Sala Penal Cuarta de La Paz, confirmó la autoridad.
“Ayer (por el lunes) ya fue sorteado por la Sala Penal Cuarta del La Paz, está en un tribunal departamental y esperemos que esto `pueda ser atendido prontamente, hay formas con argusias jurídicas de ir dilatando esto”, señaló en declaraciones a la radioemisora estatal Patria Nueva.
Al nuevo recurso fueron incluidos la ministra de Salud, Ariana Campero, y miembros de la Caja Nacional de Salud (CNS), especialmente aquellos ligados con la Central Obrera Boliviana (COB).
El Tribunal de Justicia Departamental de La Paz dispuso el 29 de mayo de este año que los médicos no podían suspender sus actividades como parte de sus medidas de presión por vulnerar el derecho ciudadano a la salud. Sin embargo, en noviembre pasado el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) revocó este dictamen por observaciones en su contenido.
A decir de Tezanos Pinto, ese dictamen “se apartó de la jurisprudencia en materia de a quién se demanda” y consideró que el informe elaborado sobre el caso por la magistrada Mirtha Camacho “fue una aberración jurídica”.
Con este martes, el conflicto médico cumple 19 días y hay una nueva convocatoria del Gobierno al diálogo que podría realizarse en La Paz y no en Cochabamba como inicialmente se había previsto.
Los principales puntos de discordia son el decreto de creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud, que justamente apunta a regular al sector, incluido el privado.
También no están de acuerdo, pese a haber llegado a un primero acuerdo con las autoridades de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con el contenido del artículo 205 del proyecto de ley del Código de Sistema Penal que incorpora la figura de la mala práctica profesional.
El sector en conflicto exige que se anulen esas disposiciones y el Gobierno se abre a construir una nueva norma sobre el primer punto. Sobre el segundo caso, el Legislativo, que debate la norma en el Senado, ha descartado su exclusión.
El presidente Evo Morales condenó la medida y advirtió que el negar atención médica “atenta contra la vida” y “viola la ética profesional” de los galenos.
A decir del Defensor, con las movilizaciones “se está pidiendo impunidad para los que han cometido ilícitos en el Hospital Obrero, que no se sancione la mala praxis médica y que no regule a las clínicas privadas”. Asegura que hay intereses económicos de por medio.
Los galenos han restado crédito a las afirmaciones del ombudsman boliviano. (12/12/2017)
