El domingo, el 54% de los chilenos que acudieron a las urnas (poco más de la mitad del electorado, confirmando la elevada abstención electoral que se registra en el país vecino) le dio el visto bueno a Sebastián Piñera para que retome las riendas de su nación durante los próximos cuatro años.
De esta manera, finalmente se materializó el giro hacia la derecha en la política trasandina augurado por las encuestas y refrendado por algunos analistas. Esto, pese a que la primera ronda puso en crisis tales proyecciones, con un resultado en favor de Piñera bastante menor que el vaticinado (36%, frente al 44% que le daban los sondeos), y un apoyo inusitado del 20% en favor del Frente Amplio, coalición de izquierda constituida 10 meses antes.
En cualquier caso, más allá de las diferencias ideológicas entre el Gobierno nacional y la próxima administración chilena, lo que ahora más interesa por estos lados es que a Piñera le tocará gestionar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda interpuesta por Bolivia en ese tribunal internacional, solicitando a Chile que se siente a dialogar de buena fe para resolver el enclaustramiento marítimo del país.
Al respecto, huelga insistir en la necesidad de alcanzar entendimientos con el país vecino que nos acerquen efectivamente al mar, con miras a cumplir la sentencia de la CIJ. Lo que necesariamente pasa por reforzar no solo los lazos diplomáticos, sino también los comerciales, de tal manera que a Chile le resulte un mal negocio negarse a solucionar la reivindicación marítima boliviana.
