Una vez promulgada la Ley del Código del Sistema Penal Boliviano, la norma que también regula los eventuales daños a la salud o integridad física de las personas por mala práctica médica, es muy complicado efectuar modificaciones al cuerpo legal, tomando en cuenta que los dirigentes del sector se mantienen en una postura tan radical que, incluso, no logran analizar alternativas para salir del conflicto.
El artículo 205 de la ley emitida dispone que la persona que, en el ejercicio de su profesión, oficio o actividad, cause daño a la salud o integridad física de otra persona por infracción a un deber objetivo de cuidado, por imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o deberes inherentes al ejercicio de su profesión u oficio, será sancionada con la obligación de la reparación económica al afectado y el cumplimiento de instrucciones judiciales.
También la disposición establece que la sanción será de dos a cuatro años de cárcel, la reparación económica e inhabilitación, si a consecuencia de la acción culposa se causan lesiones graves o gravísimas. En tanto, la sanción será de tres a seis años de cárcel, la reparación económica e inhabilitación, si se causa la muerte por efecto de esas acciones.
En esa línea, la Asamblea Legislativa Plurinacional tampoco pudo esperar mucho tiempo para tomar decisiones pues dicho artículo era parte de la ley. Cabe resaltar además que los legisladores tuvieron varias reuniones para trabajar conjuntamente con los representantes de los médicos para escuchar las exigencias del sector y llegaron a un acuerdo y suscribieron un acta sobre este artículo, pero finalmente el sector también rechazó este convenio. Por ello, consideramos que el debate de esa disposición no se puede reabrir y ya se ha cerrado, como lo han manifestado los asambleístas nacionales y el vicepresidente Álvaro García Linera.
En el caso de la normativa que establece la creación de la Autoridad de Fiscalización y Control de la Seguridad Social de Corto Plazo y los Subsectores Público y Privado de la Salud, que entre otros aspectos regula los aranceles en el sector privado, se solicitó a los médicos en reiteradas ocasiones que participen en la elaboración de forma conjunta con el Gobierno de la reglamentación de la norma y ellos aceptaron. Por ello, se les pidió que presenten una propuesta para trabajar desde cero.
Sin embargo, pese a que se les ha otorgado todas las oportunidades y se han abierto todos los canales de diálogo, los representantes del sector médico cambiaron de opinión y pidieron que la norma sea abrogada.
Por esto, se estableció una mesa de trabajo técnica legal para verificar la constitucionalidad y legalidad del decreto y en esa instancia se ha demostrado que la norma no excedía la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes. En ese sentido, consideramos que no es posible trabajar en estas condiciones porque lo que se está produciendo es una afectación directa a la salud de la población, lo cual no es admisible.
Ante esto, si el sector médico pretende nuevamente sentarse en una mesa de diálogo con el Ejecutivo, debe levantar sus medidas de presión para no afectar a los pacientes.
El sector médico tiene una postura radical, pero nosotros sabemos que desde un inicio el Ministerio de Salud así como la Asamblea Legislativa abrieron las mesas de diálogo para tratar las observaciones del sector, revisarlas y quizás hacer cambios. Una prueba de ello es que en la última reunión que sostuvieron los representantes de los médicos para llegar a un preacuerdo para solucionar el conflicto después de suscribirlo, nuevamente lo rechazaron.
Entonces, nosotros vemos que hay una suerte de interés de mantener este conflicto latente y que no van a flexibilizar sus posiciones porque existe un móvil político.
Como Ministerio de Salud hemos templado nuestra postura de acuerdo a las peticiones realizadas por el sector y por ello había la predisposición de comenzar a trabajar un nuevo decreto supremo, pero cuando ya se tenía que consolidar el preacuerdo ellos lo rechazaron.
Nosotros no vemos una salida para que los médicos puedan aceptar una negociación debido a que cada día que pasa se ponen más condiciones y en los más de 20 días de huelga nunca se ha negado establecer el diálogo pese a que el sector no levantó sus medidas de protesta.
En ese sentido, se ha declarado ilegal este paro médico porque en ningún momento se cerró el diálogo, pero el sector ha mantenido la medida.
Ante esto, se respetarán las normas vigentes y se hará los descuentos a los que no asistieron a sus fuentes laborales y si lo hicieron por varios días se los despedirá.
- Dante Ergueta es director general de Seguros de Salud
