E1 17 de octubre de 2020, la empresa Fopeca SA notificó ante el Órgano Judicial el poder que le otorgó a Juan José Lima Magne y otros abogados para su defensa en el juicio contra la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) por una obra en Beni.
Además de ese jurista, fueron reportados en esas funciones Pablo Andrés Marín Salinas y Juan Pablo Álvarez Belmonte. El poder notariado fue otorgado y notificado por Roxana Condori Villanueva, “en calidad de representante legal de la empresa Fopeca SA”.
Ese documento, que otorga “poder especial, amplio y suficientes” a los abogados, fue de conocimiento de La Razón, además de extractos del juicio que la compañía instauró contra ABC.
“De manera conjunta o separada”, los abogados fueron acreditados en el proceso contencioso foliado como expediente 078/2018-C, con el que empresa denunció a la ABC por la resolución del contrato de construcción de la carretera Yucumo-San Borja. El 4 de abril de 2016, luego de una licitación internacional librada el 29 de febrero de 2016, las contrapartes suscribieron el contrato 299/16 GNT-SCT-OBR-CAF el 4 de abril de 2016, cuya inversión alcanzaba a $us 60,9 millones.
Según el “recurso de reposición” de la firma, el 1 de diciembre de 2022, Fopeca SA fue notificada con el auto de 4 de noviembre y un memorial de 3 de noviembre del mismo año. A través de la Sentencia 15, del 4 de abril de 2021, la Justicia “ha declarado resuelto el contrato de construcción “por causales atribuibles” a ABC.
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En otro documento, firmado en Sucre el 9 de julio de 2021 por el abogado Álvarez Belmonte, la empresa reclama “la cancelación de los montos adeudados por la ilegal resolución contractual, que incluye planillas de avance de obras impagas, gastos de gestión y mantenimiento de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato” y una serie de ítems.
La firma de Lima Magne aparece el memorial del 22 de diciembre de 2020 dirigido a los magistrados de la Sala Contenciosa Administrativa de la Sala Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en el que adjunta un “pase profesional” y “señala copatrocinio”.
En su disputa particular con el ministro de Justicia, Iván Lima, el expresidente Evo Morales develó que el “bufete del ministro Lima (Lima & Asociados), ahora administrado por su hermano, propicia ese juicio contra el Estado por $us 35 millones. “Ojalá con esta denuncia de sus propios colegas se frustre ese negociado. Vamos a hacer seguimiento”, escribió.
En su defensa, el lunes, Lima dijo en DTV que “la situación ha excedido todo límite y las mentiras de Evo Morales va a tener que demostrarlas ante un juez, que va a tener que llevar un proceso contra él”. “Empiece a buscar un buen abogado, señor Morales, porque usted va a tener que contestar ante la justicia por sus acusaciones”, desafió el funcionario.
Morales replicó con que todos los juicios abiertos por “la derecha” en su contra “siempre fracasaron”. “Ahora también fracasarán porque nuevamente nos defenderemos con la verdad, la dignidad y la honestidad”, escribió el martes en su cuenta de Twitter.
La advertencia del ministro incluso movilizó a la dirigencia del Movimiento Al Socialismo (MAS), cuyo vicepresidente, Gerardo García, retó a Lima a renunciar a sus funciones antes de amenazar con un juicio. Consideró que el juicio pretende inhabilitar a Morales para las elecciones de 2025.
El jueves, Lima aclaró que el juicio que anunció es de carácter personal, no del Gobierno. Y ayer aclaró que no tiene vínculos con Lima & Asociados desde que es ministro del presidente Luis Arce, desde noviembre de 2020.
