Evaluaciones de la reforma agraria Boliviana

DIBUJO LIBRE

Habría que decir que las primeras evaluaciones sobre el proceso de la Reforma Agraria Boliviana fueron realizadas tempranamente por Ronald Clark y William Carter de la Universidad de Wisconsin (1966 – 1967) de los Estados Unidos y, una pléyade de doctorantes y asistentes promocionados por ellos mismos, como Hernán Zeballos, Mauricio Mamani y Luis Antezana Ergueta, entre otros, que a partir de sus estudios de caso sobre la situación de las Haciendas y Comunidades Originarias anteriores a la Reforma Agraria, determinaron los cambios ocurridos con el reparto de la tierra y la formación de Sindicatos Campesinos. Por ejemplo, Ronald Clark, estableció que durante el primer gobierno del MNR (1952 – 1956), 400.000 familias campesinas ocuparon las tierras donde trabajaban, y muy pronto surgieron cientos de ferias campesinas, en sustitución del monopolio de comercialización de productos que tenían los terratenientes antes de la Revolución Nacional de 1952. Por otra parte, durante el periodo (1952 - 1964) se formaron 12.000 sindicatos campesinos, para realizar los tramites legales en el Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA).

Más tarde, a momento de cumplirse los 25 años de la Reforma Agraria (1978), aparecieron estudios macro de la Reforma, entre los que se destacan: “Temas de Reforma Agraria” de Arturo Urquidi, “Mito y Realidad de la Reforma Agraria” de Amado Canelas y, “¿Bodas de Plata? o Réquiem por una Reforma Agraria” de Javier Albó, los que concluyen que la Reforma Agraria desarrolló un nuevo tipo de latifundio en el Oriente y el minifundio en el Occidente. El Estado creó todas las condiciones necesarias para consolidar y desarrollar una agropecuaria extensiva y la agroindustria en el Oriente boliviano otorgándoles sobre todo asistencia técnica y financiera, dejando a la suerte del mercado y de los intermediarios a los campesinos del Occidente.

Otro momento de balance de la Reforma Agraria surgió con la disposición y procesamiento de datos del Segundo Censo Agropecuario de 1984 (34 años después del Primer Censo de 1950), que no incluyó las Provincias de Franz Tamayo e Iturralde de La Paz, ni el Chapare de Cochabamba. Los estudios más relevantes con base a este Censo corresponden al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), que procura un estado de la cuestión en la mayoría de los Departamentos, en los que se destacan los investigadores: Enrique Ormachea, Alán Bojaníc, José Félix Gutiérrez, Juan Carlos Schulze y Roberto Casanovas.

Las Bodas de Oro de la Reforma Agraria Boliviana (2003), merecieron también varios análisis en circunstancias de la reciente vigencia de la Ley INRA N° 1715, del 18 de octubre de 1996. La Fundación TIERRA, realizo una trilogía de investigaciones sobre la tenencia de la tierra en las tierras bajas, los valles y por ultimo la del altiplano, esta ultima con el sugestivo nombre de “Los Nietos de la Reforma Agraria: Tierra y Comunidad en el Altiplano de Bolivia” (1976), de Miguel Urioste, Rossana Barragán y Gonzalo Colque. En su conjunto estos estudios concluyen que Bolivia sigue caracterizada por un modelo dual de la tenencia de la tierra: minifundio en el Occidente y latifundio en el Oriente. El minifundio reproduce la pobreza y el latifundio es sinónimo de acaparamiento ilegal de grandes extensiones con fines especulativos.

Por encargo del propio INRA y el Ministerio del Sector se encomendó un “Diagnóstico de la Reforma Agraria Boliviana 50 años después de la promulgación de la Ley” a Danilo Paz (Sociólogo Rural) y a Hernán Zeballos (Economista Agrícola), el primero, concluye que ahora (2003) nos hallamos con una estructura donde la hegemonía la ejerce la empresa agraria, que siendo el 10% de las unidades agropecuarias monopolice el 90% de la tierra, frente a la pequeña producción parcelaria de los campesinos que representando el 90% de los productores solo tienen acceso al 10% de la tierra. El segundo, concluye que existe una lenta modernización, más dinámica en la comercial que en la campesina, existiendo una inequidad en el patrón de distribución de la tierra, ahora agravada por la excesiva otorgación de tierras a las Comunidades de Origen de la parte amazónica nacional.

El Tercer Censo Agropecuario de 2013 y publicado recién el 2015 (24 años después del Segundo Censo de 1984), no consideró el binomio inseparable de “Tenencia y Uso de la Tierra”, digamos que solamente consideró el uso de la tierra, por lo demás, sobreestimó las Unidades Productiva Agropecuarias (UPAs), ya que obligó a propietarios de parcelas de tierra residentes en las ciudades a ser censados en el campo, y como si esto fuera poco, censaron dos veces a los productores que tenían doble propiedad, particularmente a los que poseían parcelas en el Altiplano y Valles pero también en zonas del Subtrópico o áreas de colonización. Con estos extremos, el Censo Agropecuario del 2013 establece la existencia de 873.000 UPAs, cuando de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la población rural más optimistas, solo podrían existir no más de 660.000 UPAs, es decir, una cifra 25% menor a la oficial del INE .

En este contexto, los datos del último Censo Agropecuario sirven en materia de producción y productividad agropecuaria, uso de tecnología y el destino de la producción, pero no para una tipología de los productores agropecuarios, que desde hace décadas se maneja en el propio Ministerio del Sector, me refiero a la “Formula Trinitaria de la Agricultura Boliviana”, que distingue tres grupos de UPAs: 1) Los campesinos: 540.000 (420.000 del altiplano y valles y, 120.000 del área del trópico y subtrópico). 2) Empresas agropecuarias: 60.000 (sobre todo establecidas en el Oriente y el Chaco). 3) 60.000 familias de los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas del Oriente (que representan por lo menos 30 de las nacionalidades reconocidas por la Constitución Política del Estado).

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El saneamiento de la propiedad rural, en más de 25 años de aplicación, no ha cambiado la estructura agraria prevaleciente en Bolivia: Los campesinos poseen 5.000.000 de hectáreas, constituyendo el 82% de los productores. Los empresarios agropecuarios poseen 35.000.000 de hectáreas representando tan solo el 9% de las UPAs. Finalmente, a los Pueblos Indígenas de las Tierras Bajas del Oriente se les han reconocido 20.000.000 de hectáreas de territorio (no tierra), sirvo – agro – pastoril.

Podemos concluir que es necesario un nuevo Censo Agropecuario, que incluya la variable de tenencia de la tierra y la tipología de los productores agropecuarios, pero también una Segunda Reforma Agraria, cuyo alcance no es el momento de exponerlos, pero tienen que ser fundamentados ahora en el umbral del Bicentenario de la Fundación de Bolivia.

(*)Danilo Paz Ballivián es investigador asiciado del CESU - UMSS

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