Un fenómeno no tan nuevo pero muy vigente con la irrupción de las tecnologías está desordenando —generalmente de manera deliberada— la información responsable en la crisis social del país. Solo es posible abstraerse de él con un poco de periodismo, ética profesional o sensatez política, si no es pedir mucho en aras de preservación del derecho a la información.
En poco menos de tres días, en Bolivia hemos experimentado una avalancha de información falsa, que incluso causó una psicosis colectiva el sábado, cuando a través de grupos de WhatsApp y luego en Facebook circuló un rumor en sentido de que, con el paro del transporte pesado y del gremio contratado para el transporte de carburantes, acechaba un desabastecimiento de combustibles. Fue ocasión oportuna para el copy paste del dato falso, cuya consecuencia fueron las largas filas en las estaciones de servicio, que duraron hasta el amanecer del domingo.
Al día siguiente, las gasolineras habían sobrevivido al terror del rumor y el entusiasmo de quienes lo habían hecho correr o de quienes informaban con tanto afán de las largas filas también desapareció.
La tarde del domingo, por las mismas redes sociales (o social media) otro rumor comenzó a expandirse: habrá estado de sitio y se sugiere a las familias abastecerse de alimentos “y clamar juntos por la paz”.
Y una tercera media verdad estuvo vinculada al Código del Sistema Penal —contra el que se articularon más protestas en el país—, bien sistematizada, explicada hasta para creer y graficada, que fue contrarrestada por las autoridades del Gobierno, la Asamblea Legislativa y afines al oficialismo.
Una avalancha sin clemencia contra la información responsable.
La Real Academia Española (RAE) acaba de incluir —en diciembre— en su diccionario la palabra posverdad, que la explica así: “Distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”.
Y el ejemplo que usa es muy aplicable a nuestra realidad: “Los demagogos son maestros de la posverdad”.
Entonces, no es fácil creer que —por lo menos los rumores sobre desabastecimiento de combustibles o el estado de sitio— hayan surgido por la preocupación sobre esos eventuales problemas. Han sido generados para causar zozobra en la población, en un estado de situación, como el del conflicto médico, de por sí complicado, en el que había mayor sensibilidad o susceptibilidad ante anuncios cuasirreales.
Que políticos de oposición y del oficialismo propalen posverdad, pasa; tienen fuertes intereses de afectarse el uno al otro. Que ciertos ciudadanos se dediquen a ese trabajo, también pasa; no tienen conocimiento sobre la gestión de la información ni tienen la capacidad de sopesar si su acción rebasa o no los códigos de ética. Pero que algunos periodistas se encarguen de hacer lo mismo, es bastante cuestionable y preocupante; su oficio es precisamente determinar, con las técnicas de contrastación de la información y con base en los valores éticos, qué es falso y qué no.
El fenómeno de la posverdad es muy común en las redes sociales, no es casual ni inocente; tiene un fin. “Miente, miente, que algo queda”, dice la frase histórica.
Ante una situación tan polarizada en el país, quienes se dan cuenta de que un hecho falso es tal, prefieren divulgarlo, postearlo o retuitearlo sin mayor reparo: algo conseguirán con tal de mermar la credibilidad del contendor. Así vamos.
