La desaparición de una pareja de enamorados que fueron vistos por última vez la madrugada de Año Nuevo en la discoteca Planta Baja, ubicada en la calle Figueroa de la sede de gobierno, ha puesto nuevamente en evidencia la laxitud que impera a la hora de controlar este tipo de establecimientos, muchos de los cuales operan de manera ilegal y sin contar con las medidas básicas de seguridad que exigen las normas municipales.
Por ejemplo, la discoteca Planta Baja funcionaba sin mayores contratiempos a pesar de haber sido clausurada en tres ocasiones, no contar con licencia de funcionamiento, carecer de cámaras de seguridad (las que tenían instaladas en la puerta eran pura pantalla), y mejor ni hablar de sistemas que amortigüen el volumen de la música, salidas de emergencia, extinguidores o materiales y revestimientos que no sean tóxicos ni inflamables.
Y previsiblemente, la mayoría de las discotecas, bares y locales de la ciudad de La Paz y del resto de las urbes del país operan en las mismas condiciones. De allí la importancia de articular esfuerzos entre todos los niveles gubernamentales para asegurarse de que las disposiciones establecidas para la apertura y funcionamiento de los establecimientos dedicados al entretenimiento no sean letra muerta; lo que da lugar a locales que además de perturbar el descanso y la seguridad de los vecinos, constituyen un serio peligro para los propios parroquianos.
