Distraídos como estamos con el narcotraficante Marset y su red de encubridores, los oscuros manejos económicos del Gobernador de Potosí y la pelea llena de testosterona entre el ministro Lima y Evo Morales, en la prensa apenas hubo espacio para ocuparnos de la IV Reunión de Jefes de Estado en la Cumbre Amazónica, un evento central en nuestro futuro inmediato.
El 8 y 9 de agosto se llevó a cabo, en la ciudad brasileña de Belém do Pará, la reunión de las delegaciones de los ocho países que conforman la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), para intentar trazar una ruta de estrategias comunes de combate a la deforestación, la ampliación de la minería, el crimen organizado y el desarrollo sostenible en la selva.
La postura que intentó proyectar Brasil en la Cumbre fue una posición sudamericana firme en la que los Estados sean los que tengan la decisión con respecto a la administración de los recursos en la Amazonía y sean quienes definan y fiscalicen las normativas respecto al cuidado del medio ambiente. Sostuvo en su discurso que “no podemos aceptar un neocolonialismo verde que, bajo el pretexto de proteger el medioambiente, impone barreras comerciales y medidas discriminatorias, y no considera marcos normativos y políticas nacionales”.
El encuentro estuvo precedido por los Diálogos Amazónicos, con participación de más de 27.000 personas entre representantes de los países amazónicos, sociedad civil, pueblos indígenas y organismos internacionales. Especialistas en temas ambientales y líderes indígenas que participaron de estos encuentros fueron quienes se mostraron más decepcionados y escépticos frente a la Declaración de Belém por no tener compromisos ni metas claras.
A pesar de estas críticas, es indudable que la Declaración de Belém tuvo avances. El evento llegó a un acuerdo que contiene 113 puntos divididos en 18 segmentos que incluyen temas como cambio climático, protección de los bosques, cooperación policial, judicial y de Inteligencia en la lucha contra las actividades ilícitas, economía para el desarrollo sostenible y derechos humanos. Plantea la refundación de la OTCA como la plataforma prioritaria de acción conjunta en la región amazónica e incluye el lanzamiento de la Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación; la creación de un centro de cooperación policial en Manaus y un sistema integrado de tráfico aéreo; revitalización del Parlamento Amazónico y creación de mecanismos financieros para promover el desarrollo sostenible.
Un ejemplo de este último punto es la Coalición Verde, lanzada en conjunto por el BNDES (Banco Nacional de Desarrollo de Brasil) y el BID, para microcréditos destinados a emprendimientos en la Amazonía. Incluye a 19 bancos públicos de desarrollo de países amazónicos, que ofrecerían $us 4.500 millones de dólares en financiación para negocios sustentables.
Los desacuerdos también fueron visibles. Uno de los principales gira en torno a la explotación de hidrocarburos, por lo que no ha figurado de manera contundente en la declaración final. Venezuela y Brasil, junto a Surinam y Guyana, se posicionan a favor de la explotación, pues albergan importantes reservas de petróleo y que no tienen intención de dejar de explotar. Al frente de esta posición están Colombia y Ecuador, que buscan limitar las concesiones de explotación.
Para un primer encuentro, los resultados, al menos declarativos, no son menores. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tal vez insatisfecho con este primer encuentro, ha convocado a realizar la V Reunión de Presidentes de los Estados Parte en agosto de 2025. Si somos optimistas, tal vez allí el contexto global y la crisis económica no sean el pretexto para no asumir compromisos más ambiciosos y establecer metas concretas.
Lourdes Montero es cientista social.
