Una vez derogados dos artículos cuestionados y abierta la posibilidad de ajustes del Código del Sistema Penal no hay motivo para la continuidad de las protestas; de persistir ello, es claro que más allá de las observaciones jurídicas hay un interés político-conspirativo contra el Gobierno, afirmó el ministro de la Presidencia, René Martínez.
La posición del Ejecutivo fue hecha conocer poco después que la oposición política, que tiene a varios legisladores en huelga de hambre, rechazara la propuesta de socialización y ajustes a la norma, planteada por el presidente Evo Morales para zanjar las movilizaciones alentadas desde diferentes sectores.
Para Martínez, la continuidad de la protesta tras el anuncio del Mandatario y la derogación de los artículos 205 y 137 demostraría que “hay de por medio intereses políticos de cada uno de los sectores movilizados. No solamente hay un pretexto de reivindicación aparente, de observaciones de carácter legal, sino existe una vinculación del objetivo político con afanes conspirativos”.
Hoy, por ejemplo, una de las juntas vecinales de El Alto cumple un paro con bloqueos y en Potosí se reactivó un paro cívico tras una pausa para el aprovisionamiento de sus habitantes. En la semana que pasó hubo paros, también cívicos en Cochabamba y Santa Cruz, entre tanto la Central Obrera Boliviana (COB), parte del conflicto, llamó a protestas.
Los legisladores de la oposición en huelga de hambre rechazaron el ofrecimiento de Morales y, por el contrario, decidieron mantener la extrema medida en demanda de la abrogación de la ley penal. La seguidilla de protestas se inició tras un prolongado paro médico de 47 días en demanda de anular el artículo 205 sobre mala práctica profesional, que fue anulado al igual que el 137 relativo al homicidio culposo en accidente de tránsito.
Martínez denunció que intereses externos planificaron con la oposición boliviana el clima de conflictividad y recurrió a mensajes en Twitter para mostrar esa relación. Puso como ejemplo el mensaje de la diputada Norma Piérola: “Prefiero dictadura de botas que de ojotas” y la del exministro Carlos Sánchez Berzaín, prófugo de la Justicia: “Es obligación de las Fuerzas Armadas restituir la democracia”.
“Éstas pruebas inequívocas nos están mostrando afanes conspirativos, afanes conspirativos golpistas que van en contra de la democracia plena que estamos viviendo los bolivianos”, insistió el ministro y afirmó que “ya no existirían los motivos para movilizarse”.
A partir de la apertura de Morales a los ajustes a la norma cuestionada, cualquier sector –dijo- puede canalizar sus observaciones para empezar el trabajo respectivo de análisis. (15/01/2018)
