El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este lunes a la Fiscalía y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) investigar a un obispo en el marco de la llamada «Ley del Odio», que establece penas de hasta 20 años.
«Llamó al pueblo chavista peste, habría que ver (…) si las palabras emitidas por alguno de estos personajes (de la Iglesia) no corresponden verdaderos delitos de odio que pretenden generar enfrentamientos entre los venezolanos», dijo Maduro, en el acto de presentación de su informe de gestión ante la oficialista Asamblea Constituyente.
«Somos cristianos, ya no creemos en intermediarios y menos en estos diablos con sotana, amamos a nuestro Dios creador, a nuestra Divina Pastora (…) pero vino un diablo con sotana a llamar al enfrentamiento entre venezolanos, a la guerra civil», subrayó Maduro.
El presidente hizo la solicitud a los representantes de la Fiscalía General, Contraloría, Defensoría del Pueblo y Tribunal Supremo de Justicia, todos acusados por la oposición de servir al gobierno.
Sin nombrarlo, Maduro aludió al obispo de San Felipe (estado Yaracuy), Víctor Hugo Basabe, quien pidió a la Virgen de la Divina Pastora, librar al país de «la peste» de la corrupción política que condujo al país «a la ruina moral, económica y social», según lo citaron medios locales.
Basabe lanzó su plegaria en la misa durante la romería en honor a la Divina Pastora, celebrada el domingo en la ciudad de Barquisimeto (250 km al suroeste de Caracas).
La Asamblea Nacional Constituyente, que rige con poderes absolutos, aprobó en noviembre pasado una ley que castiga con penas de prisión de diez a 20 años a quien «promueva el odio», y también prevé ilegalizar partidos y cerrar medios de comunicación que lo inciten.
Un hombre y una mujer que protestaron el pasado 3 de enero por falta de comida en Naguanagua, estado Carabobo, fueron detenidos y serán juzgados por instigación al odio, en la primera aplicación de la ley.
El texto fue propuesto por el presidente tras protestas opositoras que dejaron unos 125 muertos entre abril y julio último.
La oposición acusa al gobierno socialista de criminalizar la protesta y la disidencia con esta ley. (15/01/2018)
